El capítulo económico condiciona el futuro del Estatuto de Capitalidad

La clave está en la pasta. Donde, por otro lado, se juega la parte más jugosa del Estatuto de Capitalidad, un proyecto normativo que el Ayuntamiento de Mérida presentará para su aprobación ante la Asamblea de Extremadura. Los grupos con representación en la Corporación municipal (PP, PSOE e IU en representación del grupo mixto) celebraron ayer una nueva reunión de la Junta de Portavoces para dar un impulso al texto. Se dio un paso adelante, pero aún hay cuestiones que impiden el acuerdo. Y entre esas cuestiones figura el dinero que reclamará la ciudad por los gastos que implican la capitalidad.

El presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago, animó el pasado mes de agosto al Gobierno local a elaborar una propuesta de Estatuto de Capitalidad para que pueda ser debatida a lo largo de la legislatura.

El equipo de Gobierno inició rápidamente las gestiones para elaborar el documento. Para ello, citó a los portavoces de los distintos partidos, que en los últimos meses han presentado sus propuestas.

En la reunión de ayer se presentó un texto elaborado por la Secretaría Municipal en el que se recogen las distintas aportaciones. Hay un acuerdo sobre el contenido general, pero no en la cuestión más espinosa: el dinero.

El Gobierno local plantea seguir el ejemplo de la ley de capitalidad de Santiago de Compostela, en el que este punto se recoge de forma genérica. Su propuesta pasa por crear un Consejo de Capitalidad, que negociaría cada año con el Gobierno regional la aportación que corresponda a la ciudad. La intención es presentar a la Asamblea una ley que pueda ser aprobada sin problemas, mientras que los asuntos monetarios se dejarían para reuniones de despacho. En principio, el PSOE apoya esta línea de trabajo.

Más concreción

Sin embargo, la postura de Izquierda Unida es totalmente opuesta. Para su portavoz, Álvaro Vázquez, la propuesta del Gobierno local «es demasiado prudente», hasta el punto de que considera que «sin dinero no hay Estatuto».

IU propone una opción más cercana a la que se aplica en ciudades como Palma de Mallorca y Pamplona, donde las leyes de capitalidad establecen compensaciones económicas concretas. Como explica Vázquez, su propuesta consiste en incluir en el Estatuto los criterios objetivos que determinen los costes de la capitalidad. Así se obtendría una cantidad que supondría un porcentaje de los Presupuestos de la Junta de Extremadura. De ese modo, bastaría con aplicar cada año ese porcentaje a las cuentas autonómicas para obtener la compensación a Mérida.

El documento elaborado por IU también plantea cuestiones como la actualización de ese cálculo, para lo que propone tener en cuenta la evolución del PIB regional. También establece que, en el caso de que el citado porcentaje arrojara una cifra inferior a la esperada, se debe contar con un mínimo de 600.000 euros al año.

La reunión de la Junta de Portavoces concluyó con el compromiso de los grupos de estudiar la propuesta municipal. Por su parte, el Gobierno local analizará los planteamientos de IU para tratar de ser más explícito en el capítulo económico. En marzo se celebrará un nuevo encuentro para intentar cerrar un texto definitivo.