Este año serán desahuciadas un millar de familias de la región

Desde el año 2008, cuando se empezó a notar la crisis, 980 familias fueron desahuciadas de sus casas en Extremadura por no poder pagar la hipoteca de su casa. De este casi millar de casos, prácticamente un tercio -306- se produjeron entre enero y septiembre del año pasado, según los datos que maneja Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), cuyo secretario general en Extremadura, Carlos Arjona, concreta que la mayoría de los casos de desahucio han ocurrido en los grandes núcleos de población extremeños, ya que en las zonas rurales apenas hay hipotecas con altas mensualidades que afrontar.

Debido a que cada desahucio es un desenlace que marcan los juzgados, los últimos datos disponibles en Extremadura referidos al año pasado se han contabilizado hasta septiembre, nueve meses de 2011 en los que además de los 306 desahucios efectuados se han iniciado 804 ejecuciones hipotecarias, lo cual significa que los bancos han comenzado los trámites para expulsar a las familias que no son capaces de pagar su hipoteca, un proceso que suele durar entre uno y dos años, explica Arjona. Esto significa que el número de familias extremeñas expuestas a un desahucio durante este 2012 se aproxima al millar.

La acumulación de casos de este tipo apenas era relevante hace cinco años, pero en la actualidad se han multiplicado por cuatro. Según la documentación recogida en los juzgados de primera instancia y de instrucción extremeños, donde los bancos inician los trámites para conseguir el desahucio de una familia que no paga su hipoteca, su asociación tiene registrados 361 entradas de casos en Extremadura (241 en Badajoz y 120 en Cáceres) a lo largo del año 2007, una cifra que en 2010 se había disparado hasta los 1.363 casos (877 en Badajoz y 486 en Cáceres).

Código de buenas prácticas

Como se sabe, el gobierno ha planteado esta semana que los bancos acepten un código de buenas prácticas para que acepten la dación en pago al formalizar las hipotecas, de modo que en algunos casos concretos en que ni el propietario ni su cónyuge puedan pagar la mensualidad respondan entregando la vivienda al banco y liberarse así de su deuda con la entidad financiera.

En opinión del representante de Adicae en la región, la intención del Gobierno es un globo sonda para ver qué sucede, qué opinan los sectores implicados; de modo que no está de acuerdo con que el Ministerio de Economía simplemente plantee un código al que bancos y cajas puedan adherirse voluntariamente. «Creemos que esto debería concretarse en un texto definitivo y que sea de obligado cumplimiento, no una recomendación», señala Carlos Arjona, quien recuerda, por otro lado, que en España, entre enero y septiembre de 2011, han sido 57.136 familias las que se han visto despojadas de su vivienda, «lo que pone de manifiesto la necesidad de que el gobierno establezca una moratoria a los procesos judiciales de embargo durante al menos tres años, para dar una segunda oportunidad a las familias hipotecadas».

Sobre la intención del gobierno de que los bancos extiendan la dación en pago, el asesor de inversiones Javier Bardají es más optimista, entre otras razones porque no tiene sentido la situación actual y sí parece razonable «hacerle una quita a alguien que sé que no me va a pagar, en vez de ponerle el pie en la cabeza durante treinta años».

Para Bardají, recomendar la dación en pago será una medida importante que va a ayudar a resolver la situación de acreedores «y habrá buena voluntad por todas las partes. Esa buena voluntad en el mundo económico se debe a que habrá compensaciones para el sector financiero con ventajas fiscales que concederá el Gobierno para que la banca pueda cuadrar su cuenta de resultados».