Subcontratas, el eslabón frágil de la crisis

No pasa una semana sin que una empresa caiga. Y detrás de ella, por efecto dominó, decenas de empresarios que trabajan para ella, que a su vez se ven obligados a prescindir de sus empleados, lo que suma al ya negro panorama actual más dramas particulares.

En el sector de la construcción, probablemente el más afectado por la crisis, los empleados subcontratados son el eslabón más débil de la cadena, ya que se quedan desguarnecidos cuando el pagador principal recurre a la Ley Concursal, figura jurídica instituida en 2004 que permite usar los preconcursos de acreedores como una herramienta que muchos afectados se quejan de que es utilizada para atemorizar a los acreedores y que así rebajen exageradamente la cuantía de lo que les deben.

A Ramón Lavado, cerrajero en Talavera la Real desde 1994, tres empresas le deben 74.000 euros. «No me pagan y no les pasa nada. Intenté denunciar, pero me aconsejaron que no me gastara el dinero porque habían puesto sus bienes a nombre de otro. Una vez sí gané un juicio, pero la otra parte se declaró insolvente. Parece que las leyes estén hechas para que los más grandes se salgan con la suya».

«Los preconcursos de acreedores se usan como estrategia para meter miedo»

Dice Francisco Noriega, empresario pacense dedicado a instalaciones eléctricas y de fontanería que «hay empresas que usan los preconcursos de acreedores como estrategia para meter el miedo a la gente, como globo sonda que desmoraliza al que le deben dinero».

En su caso, una constructora de Almendralejo le debe 70.000 euros, lo que le ha obligado a reducir de siete a dos personas su plantilla. Pero su queja va más allá, y es que asegura que esta empresa sí ha cobrado dinero de las obras que le realizó a dos administraciones públicas y sin embargo ésta no ha pagado a subcontratistas como él. «Nos hacen contratos ilegales con pagarés a 210 días cuando ya ha acabado el trabajo. Creo que las administraciones que encargan obras deberían asegurarse de que las subcontratas han cobrado, ya que las empresas adjudicatarias solo ponen un encargado y un jefe de obra y no existe ningún tipo de control. En mi caso sé de dos obras que la Diputación le ha pagado y quienes en realidad la han hecho no han visto un euro, y esta situación de dejadez de la Administración en nuestro sector está generalizada».

«Alguien juega sucio y tengo que echar a sesenta trabajadores, ¿lo permite la Ley? Parece que sí»

A Antón Loredo, gerente de la empresa de climatización Esagás, le ha sobrevenido un concurso de acreedores derivado de los impagos de otra empresa, Procondal, a la que señala directamente. «Me ha dejado al borde de la ruina», dice.

El propio informe concursal explica literalmente que «los problemas financieros de Esagás nacen a raíz de la contratación con Procondal de unas obras por importe de unos 300.000 euros, sociedad del sector de la construcción, que a pesar de sus buenas referencias finalmente ha suspendido sus pagos».

Por esta razón Loredo ha tenido que despedir a sesenta empleados. «Ahora quedamos cuatro porque una empresa ha jugado sucio, ¿lo permite la Ley? Parece que sí».

Según Loredo, la empresa que le debe a él 300.000 euros ya tuvo unos importantísimos impagos a muchísimos proveedores, como se reflejó en el Registro de Aceptaciones Impagadas (RAI), aunque si bien los pagaron a lo largo del mes siguiente, produjeron un daño irreparable al cerrar los bancos las lineas de financiación de aquellos que negociaban sus pagarés.

«Este hecho de dificultad para hacer frente a los pagos es un indicio de que ya tenían insolvencia o podrían tenerla en poco tiempo y en lugar de parar los trabajos de los subcontratistas que sabían que no podrían hacer frente en meses posteriores, continuaron con los encargos de trabajos endeudándonos más y más, con objeto de cobrar ellos de la Administración cuando fuese y no cumplir con sus obligaciones con nosotros. Nos han dejado en una situación de ruina».

Este diario quiso obtener la versión de Procondal, pero no recibió respuesta.

«Trabajo hasta los domingos solo para tapar el agujero que me ha hecho otra empresa»

A David Díaz una empresa le debe 100.000 euros. «Eso para mí, que tengo cuatro empleados, es una ruina». Él trabaja con estructuras metálicas en Villafranca de los Barros y sospecha que la empresa que no le paga ha mudado de titularidad sus bienes para que no puedan embargarle. «Algo que probablemente sea legal, pero en cualquier caso no es justo», dice este subcontratado que pagó a sus proveedores de material endeudándose con el banco y no ha conseguido cobrar el trabajo realizado.

Al final, tuvo que echar a ocho empleados y los que quedan son los familiares. «Llevamos trabajando desde septiembre, domingos incluidos, solo para tapar el agujero que nos ha hecho esta empresa».

«Lo peor de esta crisis es que se está llevando por delante a los más pequeños»

Esteban Romero, de Azuaga, casado y con dos hijas, es otro afectado por impagos. Lleva catorce años dedicado a la pintura y le adeudan unos 60.000 euros. «Le he dado el caso a mi abogado por si puede haga algo, pero si cree que no va conseguir nada, que lo deje porque no tengo dinero para pagarle». Lo que le parece lamentable es que esos impagos proceden de obras públicas en Punta Umbría (Huelva) y Olivenza (Badajoz). «Siempre te da más confianza que las puedas cobrar, pero por lo visto ya no te puedes fiar de nadie».

Por esta razón, en los trabajos que va haciendo a particulares ahora exige el pago de la mitad por adelantado. Según su experiencia, «lo peor de esta crisis es que se está llevando por delante a los más pequeños».