El poblado minero sigue a la espera de alguna ayuda tras 10 meses como BIC

Recibieron agua potable y luz antes que muchos de los cacereños que vivían en el centro de la ciudad, pero a día de hoy, no queda nada de esa posición de privilegio. Es la realidad del poblado minero, el conjunto de casas con jardín levantadas para proporcionar una vivienda a los trabajadores del floreciente negocio de las minas, que procuró a Cáceres avances tan importantes como el ferrocarril y que echó el cierre en el año 1974.

Hace casi once meses, el poblado minero recibió con satisfacción una noticia que esperaba desde hacía años: la declaración del lugar como BIC (Bien de Interés Cultural), con la categoría de Lugar de Interés Etnológico, publicada en el DOE (Diario Oficial de Extremadura) del 27 de mayo. Han pasado diez meses, y Francisco Luis Gómez Naharro tiene claro que a día de hoy, esa distinción «no se nota en nada».

Un paseo por el barrio y más allá de esas casas da la razón al presidente de la asociación de vecinos Unión Española de Explosivos, que representa a las 16 familias que siguen viviendo en el poblado. A sólo unos pasos de las antiguas minas, de ese patrimonio de arquitectura industrial ahora protegido, sigue habiendo basura. Y está casi en los mismos sitios que hace diez meses.

Quienes viven en el poblado han visto pasar proyectos y proyectos sin que ninguno se concrete. Consiguieron salvar sus casas de la piqueta, ya que estaban incluidas dentro de un proyecto de urbanización. En el año 2008, el Ayuntamiento, la Junta y el Ministerio de Cultura acordaron convertir el poblado en un ecomuseo, una fórmula peculiar, que integra patrimonio y vecindad. Nada se ha vuelto a saber. En octubre de 2010, la alcaldesa Carmen Heras anunció que se estaba estudiando la posibilidad de integrar las viviendas en el proyecto de Ciudad de las Artes. Nada más se ha sabido desde entonces.

Los residentes siguen pagando una tarifa de luz industrial, como si las minas siguieran funcionando, y las novedades que conocen sobre el patrimonio que les rodea no son precisamente halagüeñas.

El pasado sábado, la mina La Esmeralda fue el lugar elegido por un grupo de jóvenes para organizar una fiesta. A las once de la mañana del domingo, avisada por un vecino de la urbanización Ceres Golf, la Policía Local se desplazó hasta la mina y encontró allí a un centenar de personas, junto a un potente equipo de sonido y una cámara refrigeradora para mantener las bebidas a buena temperatura. Los agentes pusieron varias denuncias por distintos motivos y ordenaron que se acabara la fiesta. Una realidad que no ayuda a aclarar el oscuro futuro de La Esmeralda. En septiembre del año pasado, la asociación de vecinos de La Cañada avisó del riesgo de derrumbe de la chimenea, dado que la grieta que presentaba desde hacía tiempo se había ensanchado.

El llamamiento sirvió para que el Ayuntamiento de Cáceres y la Junta de Extremadura tomaran nota y enviaran a sus técnicos a evaluar la situación. El estudio sobre el terreno por parte de los especialistas ratificó la necesidad de intervenir, pero a día de hoy, nada se ha hecho. El ejecutivo autonómico explica que informará a los dueños de la mina para instarles a que adopten las medidas necesarias y cumplan la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. Y pone esta intervención como ejemplo de consecuencia positiva de la declaración de BIC.

Que esa llamada al orden se traduzca en una intervención sobre la chimenea requerirá más tiempo. Porque Esmeralda Desarrollos S.L., la empresa propietaria de ese inmueble histórico y protegido, atraviesa una situación económica complicada, y hasta el trámite de ponerse en contacto con algún representante se convierte en una odisea.

«El mayor beneficio que reporta una declaración de BIC es el reconocimiento de los valores patrimoniales del bien, lo que implica una protección legal específica», explica el Gobierno regional, que añade que se trata «de un instrumento jurídico de protección, una figura de máximo rango que se aplica a los elementos más significativos del patrimonio histórico español». «En definitiva -añade la Junta-, es la garantía de conservación frente al deterioro o a posibles intentos de agresión, una garantía que viene tutelada por el Gobierno de Extremadura, que obliga a conservarlos y que protege el valor etnológico del poblado». Ser BIC, añade, «aumenta las posibilidades de actuar en materia de rehabilitación y conservación». En este punto, la ley obliga a que las intervenciones del Ministerio de Fomento con cargo al uno por ciento cultural se realicen sobre bienes declarados de interés cultural.

No obstante, la administración regional recuerda que no hace ni un año que el poblado minero es BIC, y afirma que «sin duda, a medio y largo plazo podrán apreciarse mejor los beneficios que reporta una declaración de este tipo».