La industria extremeña se desmorona

Hace dos semanas, en Burguillos del Cerro, en la comarca de Zafra, unas 700 personas se agolparon en la Casa de la Cultura. No lo hicieron para disfrutar de una película o de una conferencia. Tampoco para paladear una actuación musical. Allí, en un pueblo de algo menos de 3.300 vecinos, el asunto no está para fiestas. A 66 familias la angustia les atenaza desde 2009, cuando Granitos de Badajoz (Grabasa), puso en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE). Primero fue extintivo. Salieron cerca de una treintena de personas. Después vino uno temporal, prorrogado hace poco, que afecta a 66 trabajadores.

Viendo la botella medio llena, el caso de Grabasa, en concurso de acreedores desde agosto, es el de una industria relevante con actividad, clientes nacionales y extranjeros y que da de comer a muchas bocas. Empresa y trabajadores han cerrado un plan de viabilidad y han llamado a las puertas de la sociedad pública Avante para recibir una inyección tope de 2,2 millones y entrar en su repartido accionariado. En dos meses, tras una auditoría externa, la Junta responderá.

La visión negativa que ejemplifica esta empresa del granito, que fue una de las cinco más importantes de España, es la tendencia del mercado laboral, que se ha recrudecido en este primer trimestre de 2012. Cada vez se destruye más empleo y el que se mantiene o lo hace mediante la suspensión temporal de contratos o la reducción de jornada.

En las tres modalidades, en todo caso, la estadística se ha disparado en este inicio de año comparándolo con el anterior. La depresión económica, lejos de remitir, sigue dejando damnificados. Y eso, para una comunidad como la nuestra con un pulso industrial tan débil, es un drama al cuadrado. «Nuestra lucha es mantener viva la empresa y los puestos de trabajo, que son los que mantienen vivo a este pueblo y a la comarca», resume José Manuel Olmedo, presidente del comité de empresa de Grabasa. Sus trabajadores repartieron el viernes 1.700 octavillas por la localidad dando las gracias a los vecinos por el apoyo dado y a la predisposición de la Administración regional a echar una mano.

Muchos más casos

En Grabasa aún hay esperanza, pero existen numerosos ejemplos recientes en los que la historia se cuenta de otra manera. Fundiciones Zafra cerró a principios de mes y dejó en la calle a 93 personas. En esta semana, la constructora Exconsa Miajadas, que en el momento de mayor actividad llegó a tener a 300 trabajadores en nómina, ha finiquitado, mediante un acuerdo con la plantilla, los 77 trabajadores que quedaban. La sociedad está en concurso de acreedores y se encamina hacia su disolución.

En la antiguamente poderosa Joca, también en concurso de acreedores con una deuda reconocida de 111,7 millones de euros, se produjo hace unos meses un ERE extintivo sobre 93 empleados, a los que se suman otros en Saconsa y otras empresas del grupo Katry. Y el emblema industrial de Extremadura, el Grupo Gallardo, ha venido ejecutando expedientes de regulación de empleo que han provocado la salida de cerca de 300 empleados en los últimos dos años.

En el sector agroindustrial, clave para Extremadura, también han aparecido los ERE, como el de la tabaquera Cetarsa, que se ha llevado por delante a 120 empleos, de ellos 76 en su planta de Coria.

A la Dirección General de Trabajo de la Junta se le han acumulado los expedientes. Más que eso, se han disparado en este año y con la perspectiva segura de que van a seguir creciendo, coinciden patronal y sindicatos. A esto se añade el triste panorama, laboralmente hablando, que ya anticipó el año 2010, con 658 despedidos, 737 trabajadores con suspensión de contratos y 711 con reducción de jornada. Desde 2008 y hasta ahora, a través de expedientes de regulación, unos 8.000 extremeños han perdido su empleo.

Este trimestre, peor

Según datos oficiales aportados por el Ministerio de Trabajo, que los recibe a su vez de la Junta, de enero a marzo de 2011 se autorizaron en Extremadura 73 expedientes de ERE. De ellos, 110 fueron despedidos, 226 sufrieron la suspensión temporal de contratos y 128 redujeron su jornada laboral. El rostro de la estadística laboral de este primer trimestre es sensiblemente peor. La comparación es demoledora y los porcentajes se disparan. Entre un 128% más de despidos y un 230% más de expedientes de regulación de empleo temporales.

Con todo, aunque parezca sorprendente, no hay coincidencia entre la estadística aportada por el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Empleo, aunque Madrid se basa en los que le llegan desde la región. El Gobierno regional aporta números distintos y en casi todos los apartados son más bajos. Por ejemplo, de enero a marzo de este año la Junta habla de 259 despidos, frente a los 251 del ministerio; 669 suspensiones de contrato (746), y 342 reducciones de jornada laboral (420).

La Junta explica esas diferencias de datos en que los aportados por la Dirección General de Trabajo se refieren a expedientes presentados y autorizados en el mismo año. El Ministerio tiene en cuenta los datos en función de la fecha de autorización. Por ejemplo, hay expedientes que pueden haber sido presentados en 2010 y resueltos en los primeros meses de 2011. El Gobierno extremeño imputa todos esos expedientes a 2010 y no a 2011.

La Consejería de Empleo añade también que el Ministerio «puede tener en cuenta todos los trabajadores potencialmente afectados por ERE, cuando nosotros tan solo tenemos en cuenta los que finalmente han sido autorizados y por tanto verdaderamente afectados». Al ministerio se le remiten las fichas estadísticas de todos los expedientes, aunque hayan sido inadmitidos, desistidos o no autorizados. «Aquí solo hemos tenido en cuenta los trabajadores verdaderamente afectados», concluye.

«Sin solución a corto plazo»

Diferencia de criterio aparte, es evidente que las cifras han engordado sobremanera. A esos datos trimestrales de inicio de año se les puede sumar los pésimos datos que también arroja provisionalmente abril, aún sin acabar, en comparación con el del año pasado. En el de 2011 se produjo el despido de 65 personas (40 para la Junta), la suspensión temporal de 140 contratos (130 para la Consejería) y 8 de reducción de jornada con 135 trabajadores (44 para la Junta).

En lo que llevamos de abril, la única estadística disponible es la del Ejecutivo que preside José Antonio Monago. Hasta el jueves pasado, la Dirección General de Trabajo tenía contabilizadas comunicaciones de despidos que afectan a 42 empleados, 77 personas involucradas en la suspensión de contratos, y 94 trabajadores acogidos a la reducción de jornada. La sangría laboral en la región continúa plenamente abierta.

«Esto no tiene solución a corto plazo. Las últimas noticias son críticas y lo peor no ha llegado», se apresura a señalar con crudeza Juan Manuel Arribas, secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex). «El momento álgido de la crisis queda pendiente todavía», agrega Rosario Riñones, secretaria de Empleo de UGT. «La reforma laboral, a partir del 2 de febrero, abre una autopista para despedir a gente. El empresariado ha aguantado hasta la victoria del PP de Rajoy para presentar ERE de forma continuada», sentencia Alberto Franco, secretario de Acción Sindical de CC OO.

El cambio de la normativa laboral es señalado directamente por los sindicatos como el causante de agrandar más las pésimas cifras de parados y contratos precarios. La información ofrecida por la Dirección General de Trabajo es que sin reforma laboral se habían autorizado en lo que iba de febrero expedientes de extinción de empleo que afectaron a 61 trabajadores; los de suspensión alcanzan a 73 personas y 46 incluidas en las solicitudes de reducción de jornada.

Tras las entrada en vigor de la reforma -a partir del 12 de febrero- y hasta el día 29, se recibieron comunicaciones empresariales de extinción, que dejaron sin empleo a 74 personas; 275 trabajadores pasaron a un ERE temporal; y la reducción de jornada es aplicable a 132 empleados. «Nadie se puede sorprender de esto. La sorpresa hubiera sido lo contrario», enfatiza el representante de Comisiones Obreras.

Los sindicatos critican que, tras el cambio de normativa, desaparece la tutela administrativa de la Administración para dar el visto bueno o no a los ERE y solo queda la vía judicial para frenarlos. «Objetivamente propicia que se presenten más expedientes», indica Riñones, quien admite «que las empresas lo están teniendo mal porque les falta crédito», una evidencia que en todo caso «no justifica medidas drásticas como las que se están tomando».

«Se está aguantando al máximo pero llega un momento en que no puedes más. Cada vez hay menos crédito y las empresas se ven abocadas a tomar decisiones como las de ajustar plantillas porque lo principal es salvarse, de momento. Por eso hay que tomar medidas impopulares y buscar un consenso entre partidos políticos, empresarios y sindicatos. La situación es de emergencia nacional y a corto plazo no se va a terminar», concluye Arribas, portavoz de la patronal extremeña.