El Ejecutivo rebajará el número de interinos y comisiones de servicio

En junio, la Consejería de Administración Pública tendrá terminado el estudio que está realizado sobre la situación de los empleados públicos de la Administración general de la Junta (donde no están los del SES y los de Educación). A partir de entonces, acometerá un plan que contempla redistribuir personal y servicios y regularizar la situación laboral de trabajadores. También se contempla la necesidad de elaborar una nueva ley del empleado público para entre otras cosas unificar retribuciones salariales y un programa de reducción de empleados interinos, aunque el consejero Pedro Tomás Nevado-Batalla no dio ayer más pistas sobre esa medida en su comparecencia en la Asamblea de Extremadura.

Allí acudió para dar un avance de las auditorías de personal que está realizando la Junta en la Administración General. La estadística dice que allí hay 15.466 puestos de trabajo (en total, la Junta tiene unos 47.000 empleados públicos). De ellos, 7.343 (47,5%) son funcionarios, 7.990 (51,6%) son laborales y 133 eventuales (1%), aunque solo están ocupadas 83 plazas. De los funcionarios, 5.335 son de carrera y 1.561 son interinos. Y de los laborales 6.161, son fijos y 2.023 eventuales.

Nevado-Batalla aprovechó su comparecencia ante los diputados para señalar algunas consideraciones generales aunque en realidad no detalló el efecto numérico de las mismas sobre la plantilla de empleados. Vamos despacio (realización de las auditorías) porque estas cosas requieren su tiempo, vino a decir.

El propio titular de Administración Pública abrió un debate al preguntarse si en la región había muchos funcionarios públicos. Pero no dio respuesta y volvió a remitirse a la conclusión de los estudios sobre la situación del personal antes de pronunciarse.

Víctor Casco, de IU, le respondió y le dijo que una región como la nuestra, en relación a su número de habitantes y extensión, está por debajo de otras autonomía españolas, a la vez que subrayó el papel vital del trabajador público por la prestación de servicios en una comunidad con escasa iniciativa privada y la generación de empleo que conlleva. Alfredo Escribano, del PSOE, incidió en la misma línea.

De forma general, Nevado-Batalla abogó por un modelo abierto de función pública y de «inseguridad respecto a la correcta y proporcional relación entre cargas de trabajo y personal, que se analizarán más en profundidad conforme se vaya ahondando en el estudio». Habló de revisar las comisiones de servicio (hay 1.302 en la Administración general, con unos 800 interinos vinculados a ellas), apostando por un menor uso de ellas.

También dijo que diferentes sistemas de ordenación de personal y retribución generan situaciones discriminatorias para empleados según sean de la Administración General o del SES, por ejemplo.