La Junta tiene 764 expedientes de desahucios abiertos

En menos de un mes se ha producido la mayor oleada de desahucios que se recuerda en Extremadura. Diez en menos de 30 días y en dos escenarios muy concretos: Badajoz y Mérida, con la capital pacense concentrando el mayor número de intervenciones. Y parece que la cosa no va a parar ahí. La Junta ha confirmado a HOY que actualmente tiene 764 expedientes abiertos en toda la región: 250 en la provincia de Cáceres y 514 en Badajoz.

Ocupar las viviendas de forma ilegal; no hacerlo, pese a ser beneficiario de la misma; la falta de pago de los ocupantes o las conductas asociales que se producen en ellas, son los motivos más habituales por los que se abren expedientes en la región, según explican desde la Consejería de Fomento.

La conflictividad es además un problema de fondo muy presente en este tipo de actuaciones. De hecho, fue el anterior delegado del Gobierno, Alejandro Ramírez del Molino, quien planteó este tipo de actuaciones a raíz de una serie de altercados con la Policía protagonizados por varios vecinos del barrio pacense de Suerte de Saavedra.

El consejero, Víctor del Moral, también en esta línea, explicaba en el pleno de la Asamblea del pasado jueves qué ha llevado al Ejecutivo extremeño a materializar este tipo de intervenciones. Argumentó que la Administración y la justicia no pueden mostrarse pasivas o inactivas ante hechos tan graves como los que protagonizan ciertos inquilinos. «Que son una minoría, sin duda -puntualizó- pero que ponen en jaque a una mayoría y a la convivencia y la buena imagen de comunidades de vecinos respetuosas con la ley, con sus vecinos y con la Administración, que un día les concedió una vivienda social y que ahora va a seguir ayudándoles haciendo cumplir la ley en sus barrios».

La Junta rechaza de plano las críticas de algunos sectores (Izquierda Unida entre ellos), que sostienen que estas intervenciones están creando alarma social.

Desde los barrios afectados, algunos de los representantes vecinales valoran positivamente las actuaciones llevadas a cabo. «A nadie le gustan los desahucios. Nos parece que son un drama, pero creemos que han venido bien para corregir las conductas de muchos 'vaquillas'», argumenta Antonio Chacón, cabeza visible de Asociación para la Recuperación de Los Colorines y Suerte de Saavedra. En su opinión, los que critican estas medidas son gente que no conoce la realidad con la que conviven los vecinos de los desahuciados y asegura que si lo hicieran, tendrían otro punto de vista.

La Consejería ha confirmado a este periódico que van a continuar ejecutando los expedientes de desahucio. Apuntan que en estos momentos hay 90 expedientes aprobados, y aunque afirman que no pueden anunciar los lugares exactos dónde se van a llevar a cabo, adelantan que tendrán lugar en aquella ciudades donde existe una mayor concentración de viviendas de promoción pública propiedad de la Junta (es decir, Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia).

Pero sobre todo, aclaran que no es un proceso inmediato ni sencillo. Un desahucio se materializa una vez que esta medida ha sido dictada por un juez, tras resolver expedientes en los que los afectados no han respondido a los requerimientos o han obviado las indicaciones que se le han hecho tanto desde la Consejería como de la autoridad judicial. «Los criterios que estamos aplicando son racionales, sociales y sobre todo legales, ajustados a derecho», ha subrayado Del Moral.

Fuentes de Fomento aseguran que en los últimos días, y a raíz de la oleada de desahucios, han sido muchas las familias que se han dirigido a la Consejería para lograr paralizar sus expedientes de desahucio a través de acuerdos y compromisos para normalizar su situación. Según Antonio Chacón, desde su asociación han logrado 'congelar' seis desahucios.

Las viviendas que son recuperadas por la Junta tras los desahucios son puestas nuevamente en servicio con las pertinentes condiciones de habitabilidad (ya que, en ocasiones, quedan en muy malas condiciones) y se adjudican a las personas que están en lista de espera para recibir este tipo de vivienda social. También puede haber casos de adjudicaciones directas a personas en condiciones de urgente y extrema necesidad.

Hasta el momento se han llevado a cabo 7 lanzamientos de Viviendas de Promoción Pública en la provincia de Badajoz, (6 en Badajoz y 1 en Mérida).