Los tribunales juzgaron a casi un centenar de inquilinos morosos el pasado año

Durante esta semana, el Gobierno de Extremadura, en su calidad de casero de decenas de viviendas, ha comenzado el desalojo de los inquilinos que no abonan la mensualidad o ocupan ilegalmente pisos que le pertenecen. Pero no hace falta que se trate de viviendas sociales. No pagar el alquiler de la casa en la que se vive siempre puede salir caro. Tanto como verse sentado en el banquillo de acusados de un juzgado y resultar condenado.

Esta escena, la de un inquilino frente a un juez, se repitió en la provincia de Cáceres hasta en 65 veces durante el año pasado, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, se trata de una cifra menor a la de años anteriores.

En concreto, es un 18 por ciento inferior a la del ejercicio anterior, el de 2010, cuando los tribunales de la provincia analizaron 80 casos de impago de alquiler, según la Estadística de Arrendamientos Urbanos. Este descenso rompe la tendencia de los últimos años, en los que se registró un aumento paulatino en el número de casos de alquileres que acababan en los juzgados. En 2010 fueron 78.

De las 65 demandas presentadas en los tribunales cacereños durante 2011, 61 fueron estimadas en su totalidad, es decir, casi el 94 por ciento. Una fue estimada parcialmente y sólo tres desestimadas. Esto deja claro que aunque son pocos los propietarios de inmuebles que dan el paso de acudir a los tribunales, casi todos los que lo hacen obtienen como resultado que la justicia atienda su petición y acabe dictando una sentencia.

Entre los datos más llamativos que incluye el informe del INE está que en 61 de los 65 casos, el motivo de denuncia fue el impago de la renta o la fianza. A lo largo de los doce meses del pasado ejercicio no hubo ni un solo caso de arrendamiento que acabara en los juzgados por denegación de prórroga, tan sólo tres englobados bajo el epígrafe 'otras causas', y uno en el que había más de un motivo.

El número de causas aumenta al tener en cuenta las denuncias que no se refieren a arrendamientos de viviendas, sino de otro tipo de inmuebles, como garajes o locales comerciales. 2011 se cerró con 29 casos vistos en los tribunales cacereños (42 el año anterior), 28 de ellos por impago de la renta establecida.

De ellos, en 26 la demanda fue estimada totalmente, en una sólo de forma parcial y en dos, los órganos judiciales entendieron que no había lugar al inicio de un proceso.

En el repaso histórico a los datos contenidos en el informe, llama la atención que en el 2011 se vieron menos casos que una década antes, cuando la situación económica, en líneas generales, era mucho más desahogada. En concreto, durante el año 2001 hubo 115 denuncias entre arrendamientos de viviendas y los de inmuebles destinados a otro fin. Esta cifra contrasta con las 94, entre viviendas, garajes y locales, que llegaron a los juzgados durante el pasado ejercicio. Es decir, en una década, el volumen de trabajo en los tribunales cacereños en relación con los inquilinos morosos bajó un 18 por ciento.