El Gobierno prorroga el ladrillo en el litoralNúcleos donde no se aplicará la ley de costas

Construir más fácil en un litoral menos protegido. Así puede resumirse el anteproyecto de la nueva ley de costas aprobado en el Consejo de Ministros de ayer. El Gobierno redefine el concepto de dominio público marítimo-terrestre para reducirlo. Amplía hasta 75 años la concesión de los edificios construidos en la playa. Permite poner vallas publicitarias en estas zonas protegidas y amnistía a una decena de centros urbanos que incumplen la actual normativa. Y todo bajo la premisa de reactivar la actividad económica en el litoral y de proporcionar una mayor seguridad jurídica. «La normativa concilia la conservación del litoral con su uso sostenible», explicó la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. Los ecologistas ya han criticado duramente la medida.

Una de las principales novedades es la prórroga a las construcciones levantadas en zonas de playa antes de la restricción. La ley de costas de 1988 delimitó la zona de dominio público marítimo-terrestre del litoral. Los propietarios de las zonas allí edificadas con anterioridad perdieron la titularidad de las mismas que pasaron al Estado, aunque se estableció una concesión de 30 años -hasta 60 si contaban con una sentencia judicial que mostrara su propiedad- como justiprecio. Los primeros permisos caducaban en 2018, lo que, según el Gobierno, creaba una inseguridad jurídica. Ahora este plazo se amplía a 75 años a partir de la fecha límite.

Esos sí quienes se acojan a esta prórroga deberán pagar un canon anual cuya cuantía el Ejecutivo todavía no ha especificado pero que dependerá del uso de la edificación. Es decir, si la finalidad es industrial, lucrativa o simplemente residual. «Las viviendas harán un pago simbólico», explico el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. En la actualidad, Hacienda ingresa 20 millones en el concepto de este pago que abonan incluidos en zonas de dominio público de nuevo ingreso. El Ministerio espera un aumento «significativo».

También saldrán beneficiados con la nueva ley los tradicionales chiringuitos. Y es que el permiso para los establecimientos temporales pasará de tener una concesión de un año a cuatro, lo que favorecerá la implantación de este tipo de locales siempre que cumplan unos determinados criterios como no superar un tamaño de 150 metros.

Además, la nueva normativa permite la transmisión de estas edificaciones, es decir, la compraventa. Según Santamaría, el objetivo del Ejecutivo es reactivar la actividad económica en esas zonas turísticas y zanjar la «desconfianza y desconcierto» generada en terceros países. Y es que muchos de los residentes afectados son originarios de Alemania o Reino Unido. De hecho, desde el Ministerio de Medio Ambiente recuerdan que el Parlamento Europeo elaboró un informe sobre la preocupante situación jurídica de las costas españolas en 2009.

El Gobierno amnistía a diez centros urbanos que quedaban ubicados dentro de la zona de dominio público y que con la nueva legislación estarán excluidos. Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), Marina de Empuriabrava (Girona), Platja dAro (Girona), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). El anteproyecto contempla un «tratamiento especial» para la isla de Formentera debido a su configuración geológica.

El Gobierno niega categóricamente que el litoral español quede desprotegido. «No se va a construir donde antes estaba prohibido», aseguró el secretario de Estado. Sin embargo, la normativa delimita claramente la zona de costa protegida que en la práctica significará reducirlo en algunos puntos. El borrador asegura que el límite lo marcaran «las olas en los mayores temporales conocidos» o «el flujo de las mareas». Quedan fuera de esta protección los terrenos inundados artificialmente, como por ejemplo, salinas artificiales. También estarán al margen del dominio público las dunas muertas y artificiales que en algunos casos se introducían varios kilómetros en el interior. Las zonas de servidumbre en las rías también se reduce de 100 metros a 20. Además, estos deslindes deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad para evitar futuras confusiones. Una operación que esperan esté concluida en dos años.

El hotel de Algarrobico se ha convertido en el símbolo de los excesos urbanísticos en el litoral. Este gigantesco complejo -de 20 plantas y 411 habitaciones- fue levantado con el permiso municipal y ahora se encuentra en un laberinto jurídico. Para evitar que se repitan este tipo de problemas el Gobierno podrá actuar a través de la suspensión automática en vía administrativa y paralizar un permiso concedido por un ayuntamiento si detecta que incumple la ley de costas.