La declaración sobre la refinería y el futuro de la región

La declaración de impacto ambiental (DIA) de la Refinería Balboa, publicada en el BOE del 30 de julio de 2012, constituye un documento revelador. Además de reflejar detalles pormenorizados de la industria, como si fuera el cuaderno de bitácora de un proyecto que se ha dilatado en el tiempo durante más de siete años, desarrolla una serie de argumentos técnicos y socieconómicos que se han traducido finalmente en el rechazo a la construcción de esta planta industrial.

Respecto a los argumentos técnicos, no será este diario, menos aún desde esta tribuna, quien vaya a formular discrepancias. Como sostiene el adagio popular, doctores tiene la iglesia. Pero aclarado ese punto, hay que señalar que no cabe la misma postura respecto a los argumentos 'socieconómicos', tan recurrentes y socorridos para quienes han redactado el documento, de casi cien páginas. No es sencillo deducir qué base científica o metodológica, qué criterio cuantificador ampara afirmaciones tan tajantes y definitivas como las que concluyen que la refinería supondría un cambio de modelo de desarrollo, «según se refleja en la numerosa contestación pública al proyecto». Es más, en el último párrafo previo al veredicto sentencia que existió una «enorme oposición social al proyecto» ¿Numerosa contestación pública? ¿Enorme? ¿Cuál ha sido el procedimiento para medir esa 'contestación' y esa 'enormidad'? ¿Según el número de manifestantes, de pancartas, de acciones de protesta? ¿No se tiene en cuenta la mayoría silenciosa, la que propició dos elecciones ganadas por los partidarios de la refinería en sus distintas zonas de influencia? La debilidad de esa argumentación socieconómica es palpable porque no se sustenta sobre datos ni hechos y es difícil de sostener atribuyéndole valores generales. Por otro lado, da la impresión de que la DIA da por sentado que construir la refinería equivale a una «transformación irreversible del uso del suelo y de la fisonomía de este territorio», como si estuviera evitando que se parcelara el paraíso. ¿Irreversible? ¿Es que el País Vasco del desarrollo siderúrgico no ha cambiado y recuperado o compatibilizado otros valores medioambientales? ¿No ha cambiado la Inglaterra de la revolución industrial? ¿Es que Puertollano no está rodeada de tierras donde se producen «productos competitivos de calidad» como los que, asegura el informe, se producen en Tierra de Barros?

La endeblez de la argumentación no reside, sin embargo, en la discrepancia concreta, aunque haga referencia a determinada zona de especial protección de aves o a las prevenciones porque un tramo pequeño del viejo itinerario por el que discurría la Vía de la Plata pudiese condicionar una futura declaración del conjunto de esa vía, de centenares de kilómetros, como Patrimonio de la Humanidad. Lo insostenible y grave verdaderamente de esa argumentación es que condena a Extremadura de manera inexorable a que no pueda aprovechar sus espacios para levantar una industria de referencia que no sea directamente inocua -si existe tal cosa-. Porque no hay que engañarse, la lógica de sus dos primeras conclusiones (puntos 5.1 y 5.2) serían aplicables a prácticamente cualquier industria manufacturera de peso, fabrique motores, electrodomésticos o máquinas tragaperras. Indirectamente, esa DIA nos reduce a empresarios del pegujal, de la viña, de la zona de pastos y, si acaso, de un zoológico... Con las condiciones y limitaciones 'socioeconómicas' que fijan el texto, nuestro porvenir sigue más próximo a la sempiterna 'reserva natural' y más alejado de las posibilidades de una región mínimamente industrializada. Mínimamente industrializada a pesar de ofrecer una relación de kilómetros cuadrados por habitante de las más altas de España y de Europa. Cabe, por tanto, concluir que aquí han 'ganado la baza' los partidarios de 'Refinería No', ya que, como se reconoce expresamente, «se ha tenido en cuenta el contenido ambiental de los numerosos escritos presentados a lo largo de todo el procedimiento en contra de la refinería. Así como los recientemente recibidos a favor del proyecto». Esa acción sostenida en el tiempo, desde el primer momento, ha sido indudablemente más útil que las acciones de la plataforma Refinería Sí, que se ha mostrado activa sólo últimamente (al menos de modo efectivo). Parece razonable que a la hora de rechazar o aprobar un proyecto de estas dimensiones, únicamente deberían computar los argumentos técnicos, no esos otros de carácter 'socieconómico' de difícil y subjetiva demostración o que, en caso de ser tenidos en cuenta con carácter general, se convierten en una rémora, en un precedente que guillotina cualquier esperanza de futuro distinto al que hasta ahora existe en la región. Por último, como ya se apuntó en otro artículo editorial, políticamente la decisión de la DIA tiene unos responsables directos que son los tres ministros de Medio Ambiente de los sucesivos gobiernos del PSOE. Ellos fueron quienes gestionaron casi en su totalidad el recorrido burocrático de la declaración de impacto ambiental. Y, a la vista del texto publicado por el BOE de ayer, se confirma esa impresión, pues cualquier ministro o responsable del PP que ahora hubiera intentado variar discrecionalmente la documentación o los requisitos exigidos se hubiera expuesto a ser acusado (y con razón) de rozar la prevaricación.

En estas circunstancias, las perspectivas para Extremadura se oscurecen. Y si el marco normativo que perfila la DIA no se modifica, las posibilidades de un 'sueño industrial' en la región pueden evaporarse aún más. Por eso, en las actuales circunstancias, atribuir responsabilidades acerca de quién pudo y quién no decidir una DIA favorable en vez de desfavorable es un ejercicio que acaso solo conduzca a la melancolía. Habrá que asumir que, o mucho cambian las cosas en esta comunidad, o cualquier intento de cambio de modelo productivo basado en la industria está condenado al fracaso. Así de simple.