1.250 inmigrantes irregulares se quedarán sin sanidad gratuita

La crisis echa por tierra el derecho universal a la sanidad. El Real-Decreto Ley publicado el pasado 4 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) restringe el acceso de las personas en situación irregular al Sistema Nacional de Sanidad (SNS), lo que ha desatado las protestas de las asociaciones de inmigrantes, que lo califican de «desproporcionado y absurdo».

En Extremadura hay aproximadamente unos 1.250 inmigrantes extracomunitarios en situación irregular, según datos de la Delegación de Gobierno, facilitados por la Consejería de Salud y Política Social, que se verían afectados por la nueva medida. Esta establece un régimen jurídico que, a través del pago de unas cuotas, da derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública para las personas que no tengan la condición de asegurado o beneficiario del SNS.

La cuantía a pagar es de 710,4 euros anuales para los menores de 65 años y 1.864,8 euros para quienes superen esa edad, aunque estas cantidades no son definitivas. Desde la Junta de Extremadura aclaran a HOY que estos precios suponen una rebaja con respecto al «coste real» de estos servicios, que cuantifican en 887,4 y 2.330,8 euros respectivamente, por lo que la reducción es de 177 euros en el primer caso; y de 466 euros para los mayores de 65.

El convenio está dirigido a inmigrantes ilegales, europeos que voluntariamente quieran suscribirse para ser atendidos por el sistema sanitario público y españoles que no hayan trabajado y tengan ingresos superiores a 100.000 euros al año, los llamados rentistas. Las personas que no se adhieran al convenio solo tendrán derecho a la asistencia en caso de urgencia, aunque quedan exentas las mujeres embarazadas, los menores de 18 años y los refugiados. Además, quienes quieran acogerse a dicho convenio tendrán que estar inscritos en el padrón de algún municipio español por un periodo continuado de al menos un año. También deberán abonar el 40% del coste de sus medicamentos, si bien esta propuesta no está totalmente cerrada.

Las reacciones por parte de los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes en Extremadura no se han hecho esperar. «Con la excusa del turismo sanitario se está creando una cortina de humo y recortando en derechos básicos a unos seres humanos que, como está demostrado, nunca han abusado de este servicio», lamenta Beatriz Cercas, asesora jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura.

Cercas cree que intentar aplicar una cuota a personas sin recursos carece de sentido, más cuando a su juicio cualquier mutua es más económica. Y, además, duda de la constitucionalidad de la medida. «En principio tiene bastantes fundamentos para ser inconstitucional ya que el derecho a la sanidad sin distinción está recogido en nuestra Constitución», argumenta.

Desde la Asociación denuncian que se está usando a los inmigrantes ilegales como cabeza de turco. Una opinión que comparte Horacio Daza, presidente de la Asociación Cacereña de Extranjeros. «Estos seres humanos no tienen la culpa de la situación económica de España y la medida que se plantea tampoco va a solucionarla», afirma.

Daza advierte además de los peligros potenciales que se crean con la nueva norma. «Imaginemos a una persona que tenga una hepatitis o cualquier enfermedad infecciosa y no sea tratada. Esa persona va a propagar la enfermedad, con lo que en lugar de ahorrar tendríamos un sobrecoste en la sanidad para tratar a los contagiados», explica.

Ambas asociaciones confirman que ya han recibido las llamadas de muchos sin papeles preocupados por la nueva situación que se les va a presentar cuando entre en vigor la norma.

Deber moral

Los médicos, por su parte, se enfrentan ahora al dilema de qué hacer cuando se presente un paciente 'ilegal'. Ya se habla de un movimiento de objetores de conciencia. «No se trata de objetar o no. Simplemente entendemos que un médico jamás puede negarse a atender a un paciente», dice Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres. Para Arjona, la nueva medida es un asunto administrativo que queda fuera de las competencias de los sanitarios. «Nosotros si vemos a una persona tirada en la calle la vamos a atender sin pedirle la cartilla, de la misma manera no tenemos por qué preguntar a nuestro paciente si tiene papeles. Que tenga que abonar o no el servicio no depende de nosotros», argumenta.

Desde la Junta de Extremadura aseguran que toda persona seguirá teniendo derecho a la asistencia sanitaria. No obstante, se recuerda que esa asistencia conlleva la obligación del pago por parte de un tercero, que en este caso sería bien el país de origen, a través de los acuerdos bilaterales, o bien con algún convenio especial como el propuesto por el Real-Decreto Ley.

Sin embargo ya hay tres comunidades autónomas que se oponen oficialmente a la norma y han anunciado que no van a aplicarla. Andalucía, Cataluña y País Vasco seguirán atendiendo gratuitamente a toda persona que lo necesite.

Las palabras de Monago

El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, aseguró ayer que en estos momentos no se puede mantener la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, porque el gasto sanitario se tiene que ajustar debido a la caída de ingresos. Además, manifestó que ningún médico puede objetar, "salvo que uno quiera de su propia nómina que se deduzca el tratamiento" a un inmigrante irregular.

Ante estas declaraciones, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica (FADSP) consideró hoy que el presidente de la Junta "debería rectificar", ya que si "se hubiera informado previamente, debería conocer que en Extremadura el sistema sanitario está informatizado y los inmigrantes irregulares no aparecen en él", por lo que lo "único que pueden hacer los profesionales objetores es prestarles su tiempo y sus destrezas personales".