Recortes públicos en la piel de un funcionario

N o es normal que el empleado público salga a la calle a protestar porque no es frecuente que la administración de la que depende le recorte derechos o le baje el sueldo. Esta relación complaciente siempre se ha atribuido al inmenso caladero de votos que hay en la administración. Ya no sucede esto. En mayo de 2010 el gobierno de Zapatero les rebajó sus sueldos una media del 5 por ciento y en julio de de 2012 el gobierno de Rajoy les dio otra vuelta de tuerca suprimiéndole la paga de Navidad y eliminando tres de sus seis días de libre disposición. Tampoco se convocan nuevas plazas, por lo que no se suplen jubilaciones y la carga de trabajo también aumenta cuando hay alguna baja, una eventualidad en la que también se pierden derechos adquiridos tras la última reforma laboral. Además, en Extremadura la jornada semanal ha aumentado dos horas y media, una medida más que ha hecho estallar a los empleados públicos, que cada viernes protestan vestidos de negro a las puertas de su trabajo.

En Extremadura hay 94.635 empleados públicos según el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Administración Pública.

De esta cifra, 14.274 trabajan en la administración pública estatal. 46.674 personas lo hacen para la Junta de Extremadura, 30.647 en ayuntamientos y otros entes pertenecientes a la administración local y 3.040 en la Universidad de Extremadura.

Isabel es natural de Badajoz y lleva seis años trabajando en Mérida como auxiliar administrativo en la Consejería de Agricultura sin sufrir ningún traslado. Casada y con dos hijos, uno de 11 años y otro de 20, lo primero en lo que pensó cuando se enteró que el gobierno central retiraba la paga de Navidad a los funcionarios fue precisamente en ellos, sus hijos. Y después, en que su familia iba a tener que ajustarse el cinturón mucho más.

Ya hace dos años, cuando se aprobó una rebaja del 5% de los sueldos, Durán notó cómo llegar a fin de mes se hacía cada vez más cuesta arriba. «Cuento con 700 euros menos al año y lo primero de lo que prescindiré es de los lujos, como comprar ropa o salir a cenar, todo lo que no es de primera necesidad».

Ahora no solo se trata de los pequeños caprichos que esta familia se podía permitir con el sueldo que contaban. La paga extra de Navidad, unos mil y pico euros, la destinaban para gastos como el seguro del coche y las compras navideñas. «Mis hijos no tendrán ni los mismos regalos, ni la Navidad será la misma», declara.

Pero la retirada de la paga extra no es la única medida que le afecta, señala esta funcionaria. El pequeño contaba con una beca de libros para el curso escolar y este año aún no saben si la recibirá. Con esta ayuda, el gasto ascendía a los 300 euros. Sin ella y con el incremento del IVA del 4 al 21% en material escolar, la cifra será más del doble, por eso las libretas, rotuladores y lápices los van a comprar antes de septiembre. Por suerte , dice, el mayor estudia en una Academia Militar y se libra de la subida de tasas universitarias.

Otro gasto que afecta a miles de funcionarios en la región es el traslado pues ella debe ir de Badajoz a Mérida cinco días a la semana. Para ahorrar, Durán se turna con compañeros para coger el coche. Aún así, de media el gasto en gasolina oscila entre los 50 y los 60 euros al mes, pero con las últimas subidas calcula que llegará a los 70 euros. Como suelen recordar desde hace semanas, Durán defiende que la mayoría de los funcionarios son mileuristas, razón por la que este año ya no irán una quincena de vacaciones este verano sino unos cuantos días.

Pablo Benito tiene ahora 32 años, estudió Derecho en la Universidad de Extremadura y es un funcionario tipo A de los que considera que sí se puede tener iniciativa dentro de la administración, de hecho se está preparando por su cuenta en la Universidad Nacional de Educación a Distancia para ofrecer un mejor servicio en su departamento, dedicado a la inspección fiscal.

A los 26 años entró de interno, a los 28 obtuvo su plaza en la Consejería de Hacienda. «Elegí hacer una oposición porque vi una ventaja poder saber con certeza de qué tiempo libre dispones, aunque tuviera como desventaja un sueldo más limitado que en una empresa privada».

«Después de la carrera -prosigue este joven- seguí cuatro años más estudiando y trabajando en un centro comercial del que salía a las doce de la noche. Durante dos años yo no distinguía entre los lunes y los domingos ni entre las navidades o el verano. Incluso me presenté a oposiciones en todas las comunidades autónomas para ir entrenándome a soportar la presión».

Pablo cuenta todo esto para que la gente que considera a los empleados públicos unos privilegiados «tengan en cuenta que intentar ser funcionario es una inversión que te puede salir mal». Además, la seguridad que te da una nómina estable en algunos casos es relativa. «A mí me han negado un crédito de 30.000 euros en ocho bancos distintos», dice para desmontar algunos mitos sobre el empleado público.

En su caso el recorte de 2010 y el de 2011 le supone ganar casi 3.000 euros menos año. «Yo vivo solo y sin cargas, por lo que me afecta menos, pero mi caso es el de una minoría. Entiendo que haya gente con hijos que sí les trastorne el recorte. Te afecte o no, lo que sí ha causado en todos es un poco de miedo. Ahora hay en la oficina más tensión en el ambiente».

En su opinión tomar medidas en la administración pública era necesario, lo que le molesta es que se haya optado por lo fácil. «Es momento de plantearse algunas cosas, como ver si es viable que cuatro administraciones tengan aplicaciones informáticas distintas y procedimientos diferentes o que haya políticos con varios múltiples sueldos cuando se sabe que son de cargos que ni pueden atender».

No obstante, al margen de la supresión de una paga extra, a este pacense lo que en realidad le afecta es que a su pareja, que es funcionaria en Castilla la Mancha, se le complica el traslado para que puedan vivir juntos pues las condiciones se ha endurecido mucho y al eliminarse la tasa de reposición en prácticamente todas las administraciones.

A Ángel García, funcionario de prisiones desde 2002, le quitaron 95 euros de su nómina mensual en 2010 y cien euros de cada extra. «El último recorte de la supresión de la paga navideña lo veía venir viendo lo que estaba pasando en Portugal desde que fue intervenida. El temor que tenemos muchos es que esto quizás no quede así porque hay otros complementos que creemos también están en el aire (...) la verdad es que el ambiente es malo. Se nota a la gente cabreada después de las últimas medidas», dice este funcionario del grupo C que este año cobrará exactamente 2.854 euros menos.

En su caso dejará de comprarse el equipo de música que tenía previsto pues ahora necesita ese dinero para pagar el seguro del vehículo y afrontar la subida de la mayoría de impuestos. «Estoy pensando en hablar con el banco para renegociar la hipoteca y poder mantener el nivel de vida», señala.

Sobre el discurso que quiere imponer el gobierno de que sobran funcionarios en España no está de acuerdo pues en su ámbito laboral, el de las prisiones, todo el mundo sabe que están superpobladas. Y aclara que su vida hasta consolidarse en su plaza no ha sido fácil pues le llevó diez años sacarse la plaza estudiando nueve horas al día y presentándose a convocatorias de 280 plazas con 18.000 aspirantes.

Superada esta etapa no se puede decir que su vida se haya vuelto cómoda y relajada. «En diez años he tenido cuatro traslados y cada vez que monto una casa con mi pareja tengo unos gastos. Por otro lado, mi mujer encuentra un trabajo y cuando a mí me trasladan ella tiene que dejarlo y buscar otro en la nueva ciudad», dice este extremeño que ya ha pasado por Madrid, Huesca, Algeciras y ahora Badajoz y que se queja de que «cualquier político pueda multiplicar sus cargos y sueldos mientras los funcionarios debemos tener exclusividad total con la administración. Es injusto».

El anuncio de la supresión de la paga extra de Navidad cayó como un meteorito sobre la sede cacereña del Sepe, el Servicio Público de Empleo Estatal. Allí trabaja desde hace 24 años Pedro Masa, de 48 años, jefe de sección de habilitación y pagaduría. «Mi trabajo consiste en gestionar la tesorería provincial y el pago a proveedores», explica este funcionario que tiene que exprimir mucho un sueldo neto mensual de 1.300 euros (1.700 brutos) para que llegue para pagar todo. a fin de mes. Su mujer trabaja como cajera a tiempo parcial en Carrefour, 26 horas semanales.

Tienen dos hijas, una de 21 años que estudia Periodismo en la Universidad de Valladolid y otra de 15 que va a empezar 4º de la ESO. Costear los estudios de su hija mayor supone «un gran esfuerzo económico» a pesar de la beca de la que dispone. Por suerte, la supresión de la extra del padre coincide con que la hija este curso pasará de vivir en una residencia que costaba 550 euros al mes a un piso compartido, por el que pagará 220 mensuales más los gastos.

Sin embargo, «ya he empezado a ahorrar porque en tres años mi hija pequeña empezará sus estudios universitarios», por lo que tendrá que mantener a las dos jóvenes fuera de casa.

Dice que su estrategia ahora será «gastar lo menos posible». Ha metido la tijera «en luz y calefacción y en salir». Entre la hipoteca y las facturas se esfuma casi un tercio de su nómina y si este año han estado en la playa los cuatro en el mes de junio se debe a que hace tres años que no iban todos juntos de vacaciones.

Pedro considera que los funcionarios tienen una fama inmerecida». A él le gusta su trabajo e intenta dar un buen servicio y opina que «se debería haber empezado por otro sitio, como revisar el sueldo de los banqueros o restringir los privilegios a los políticos».

Parece que Sheila Díaz tiene una calculadora dentro de la cabeza. Hace las cuentas de memoria y el resultado es que en dos años, desde 2010 hasta ahora, le han reducido un 20 por ciento su sueldo. Enfermera y madre al cargo de tres hijos, dos estudiantes universitarias y un discapacitado, dice que hay que tener en cuenta también que antes trabajaba 35 horas a la semana y 1.519 al año y ahora son 1.628 con la ampliación de jornada.

En 2012, además, tendrá solamente tres días de asuntos propios en lugar de los seis, números con los que concluye que cada vez es más difícil conciliar la vida familiar y laboral y que contribuyen a enrarecer el ambiente de trabajo.

«La gente está muy desmotivada, la toma con otros compañeros, cada vez vemos más depresiones.». El recorte no lo concibe solamente en términos directos sino también indirectos, por la pérdida de poder adquisitivo y la reducción de las posibilidades de consumo. «El panorama va a ser horrible en Plasencia, donde hay 4.000 empleados públicos porque supone que va a haber 4 millones de euros menos circulando en la calle y eso va a afectar a todo el mundo, no sólo a los trabajadores públicos. Así no se sale de la crisis».

Pero no son solo los recortes de sueldo los que afectan a Sheila Díaz, madre de un joven discapacitado a punto de cumplir los 20 años, a los que el tijeretazo del Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia) también le ha llegado.

«Mi hijo Álvaro sigue un tratamiento de habilitación funcional dos horas a la semana y en septiembre se acaba, así que solicité la renovación, pero me han dicho que no es posible porque está en espera de plaza para un centro de día. Tendré que pagar el tratamiento donde sea porque no sabemos cuándo le concederán esa plaza y esta terapia es fundamental para que aprenda a ser cada vez más independiente. Le pasa a muchas familias, peor aún a las que tienen niños más pequeños que necesitan estimulación precoz cuanto antes mejor».

Por si fuera poco, la matrícula de una de las hijas de Sheila que estudia en Salamanca subirá el próximo curso en el que, además, la hermana también empezará a estudiar en la universidad. «Aún no sabemos cuánto nos va a costar ni si podremos optar a beca», cuenta esta placentina que a pesar de todo confía en que las cosas vayan a mejor gracias a la movilización de la gente. «No pierdo la esperanza, hemos luchado mucho por unos derechos que no pueden ser echados por tierra de esta manera».