Constructoras se adelantan al Ayuntamiento y notifican a particulares obras obligatorias

Al menos dos empresas constructoras de la ciudad han comunicado o trasladarán por correo estos días a los 285 titulares de pisos y viviendas de intramuros el acuerdo de la Junta de Gobierno del 24 de julio que les requiere a que, en el plazo de un mes, adecenten, pinten y pongan en valor las fachadas en cumplimiento de la normativa del PERI con el fin de mantener «el valor ambiental de la zona». En sus cartas, además, se ofrecen para realizar presupuestos sin compromiso para hacer los trabajos que a que obliga el Ayuntamiento.

Lo hacen antes de que el propio Consistorio haya notificado oficialmente a los afectados la decisión del gobierno local, que también incluye el apercibimiento de que si pasado un mes desde la comunicación oficial no han arreglado sus casas, abrirá expediente de ejecución para hacerlo con cargo a los dueños.

La llegada de las cartas de dos constructoras a domicilios de los 285 afectados ha causado desde sorpresa a desconcierto. No solo por el hecho de que se enteren del acuerdo municipal por correspondencia privada, sino porque creen que, en caso de personas mayores puede dar lugar a confusionismo y puedan llegar a pensar que deben contratar solo con a alguna de ellas los trabajos de rehabilitación. Un temor que es compartido por el propio Gobierno local que justifica la publicación de los datos de los domicilios en la Web municipal, que ha posibilitado la iniciativa empresarial, «porque las actas de la Comisión de gobierno son públicas», precisó la jefa de comunicación

Sobre todo puede inducir a confusión la carta de una de las dos sociedades que, en fotocopia de folio con membrete y logotipo de la empresa, reproduce el folio del acta de la Comisión de gobierno, con el escudo municipal y el membrete de Secretaria municipal, que recoge el acuerdo de Junta de gobierno tomado a instancias del la Oficina del ARI, que ha hecho la lista de las casas que deben ser adecentadas.

Esta empresa local señala en su carta que «le remito acuerdo de la Junta de Gobierno del 24 de julio», y se pone a disposición de los propietarios «con el fin de realizarle el presupuesto para los trabajos que le serán requeridos por el Ayuntamiento, siguiendo las directrices marcadas por el ARI en la vivienda de su propiedad».

Además de informar de la clasificación técnica que posee, recuerda que hay subvenciones para rehabilitar viviendas de intramuros a través de la oficina del ARI, trámites que se ofrece a realizar y precisa que «lo principal» es que «nos tenga en cuenta en la petición de los presupuestos que realice».

«Parece como si ellos fueran los que quieren hacer la reforma», dice uno de los titulares a los que ha llegado la carta y puede que haya gente mayor que no la entienda bien y consideren que es la empresa la que lo tiene que ejecutar, concluye.

Un temor que se reconoce también desde el propio Ayuntamiento que se desvincula de toda relación con las iniciativas empresariales y trata de aclarar la situación.

La segunda constructora local, no llega a trasladar reproducción del acuerdo y acta municipal, y solo comunica al propietario que su vivienda está sujeta a las normas del PERI y según el acuerdo de acta de la Junta de gobierno del 24 de julio, «se va a conceder un plazo de un mes para el adecentamiento de la fachada de su inmueble», por lo que contactan para ofrecer sus servicios y presupuesto sin compromiso.

Algún afectado ha manifestado ya al Ayuntamiento su extrañeza por haberse enterado extraoficialmente del acuerdo, antes de recibir la notificación municipal. Un hecho que ha sido posible, explica el Gobierno local, porque se colgó en la página web oficial del Ayuntamiento la relación no solo de los 385 afectados y de las de propiedades a arreglar sino también de sus domicilios actuales en Plasencia, que en algunos casos no son esas casas, o fuera de la ciudad.

Consideran los afectados que estos datos no deberían haber salido y que puede haberse incumplido la protección de datos que ampara al ciudadano, al dar información de bienes privados y direcciones. Ademas algunos cuestionan y piden que se explique el criterio que la oficina del ARI ha seguido para señalar las casas que deben ser arregladas y las que no, porque hay calles, como Cartas, en las que algunas, en apreciable peor estado que otras que deben pintarse, no se incluyen en la lista. Aparte de no creer que el momento económico sea el más adecuado para obligar a realizar este gasto que en una vivienda pequeña está a partir de 1.000-1.200 euros.

Tampoco señala el acuerdo municipal si los propietarios pueden pintar la casa del color que tiene o cambiarlo, según diga el PERI. En todo caso tendrán que ir a la oficina para que les den el tono que le asigna la carta de colores, y encargarlo previamente. Lo adelanta el Ayuntamiento que anuncia que las notificaciones oficiales han empezado a salir y que no se mandaron antes porque se decidió esperar a que pasara agosto, porque la gente está de vacaciones, informó el la responsable de comunicación. «Lo que si dejamos claro es que las cartas de las empresas no son oficiales y pueden encargar el arreglo a quien consideren oportuno», agrega esta portavoz que sostiene que el Ayuntamiento no ha incumplido en ningún momento la protección de datos.

Desde la oposición, al PSOE le parece inapropiado que una empresa remita un acuerdo de la Junta de gobierno antes que el Ayuntamiento y duda que no se viole la protección de datos. «Las cosas no se han hecho bien, sostiene Barbancho, y está claro que no deben ser de este modo». Al tiempo que expresa su temor a se pueda inducir a error a la gente mayor, sobre todo.