Los inversores dudan de las renovables

E n Talaván, un pueblo situado en el centro de la provincia de Cáceres, a 30 kilómetros de la capital, el escepticismo se une cada vez más al inicial optimismo. Hace cinco meses, el anuncio de un proyecto de planta fotovoltaica de cifras mareantes causó tanto impacto como ilusión en sus 900 habitantes. Hoy la sensación más evidente es la prudencia. Si ya entonces invitaba a la ponderación hablar de un proyecto en un pueblo sin primas y con un coste fijado en 250 millones de euros, el último impuesto acordado por el Gobierno central a la producción eléctrica introduce más incertidumbres en un sector, el de las renovables, de por sí salpicado por sobresaltos normativos, y ninguno favorable, en los últimos dos años.

Madrid ha anunciado un gravamen de un 6% que afectará a la generación de electricidad con todo tipo de tecnologías. Ya sea a través de instalaciones fotovoltaicas, termosolares, biomasa, eólicas, nucleares o hidroeléctricas. Es decir, todas con incidencia y desarrollo en Extremadura, aunque en el caso de la energía eólica aún no se haya puesto un solo aerogenerador en la región aunque hay proyectos aprobados.

«De momento, el proyecto sigue en los papeles. Realmente no sé nada nuevo. ¿Que cómo le afectará ese impuesto? Desde luego bueno no es para las empresas que quieren poner en marcha proyectos de renovables de mucho presupuesto, y menos sin subvención, pero realmente no puedo decir más si afectará al de Talaván», resume Juan Periáñez, su alcalde (PP). A pesar del nuevo tributo y la situación económica general, la planta de Talaván debería estar en funcionamiento a lo largo de 2015.

Impacto en las inversiones

La empresa alemana Gehrlicher Solar, su impulsora, prefiere no hablar de si se replantea la viabilidad del proyecto y, menos aún, de fechas. De su declaración puede deducirse que se mantiene vivo. «Nos obliga (el nuevo impuesto) a reformular el modelo financiero que teníamos previsto para alcanzar las tasas de rentabilidad que queremos ofrecer a nuestros inversores. Aún queda trabajo por delante para conseguir reducir los costes de construcción de la planta con el fin de minimizar la repercusión en la tasa de rentabilidad del proyecto», explica su directora de márketing y comunicación.

¿Cómo van a quedar los proyectos renovables, básicamente termosolares y fotovoltaicas? ¿Habrá un parón en los planeados a corto y medio plazo? ¿Puede incluso que se cierre alguna planta en funcionamiento? ¿Cómo afectará a las compañías que gestionan las trece centrales hidroeléctricas ubicadas en la región? ¿Saldrá adelanta alguna instalación de biomasa, una de las apuestas de la Junta, toda vez que en Extremadura solo funciona una y a corto plazo arrancará otra? Muchas preguntas, una convicción y pocos datos concretos.

A inicios de este año el Gobierno de Rajoy anunció suspender temporalmente los incentivos económicos (primas) para las nuevas instalaciones del régimen especial (termosolar, fotovoltaica, eólica y biomasa. Una moratoria sin fecha. Un golpe a las renovables que el propio Gobierno regional cifró en una pérdida para Extremadura de 5.000 millones en inversión hasta 2015 y 12.000 empleos, tanto directos como indirectos.

El problema es que llueve sobre mojado en este sector, sobre el que se fían muchas esperanzas del bienestar económico extremeño. En 2010, el Gobierno de Zapatero puso un límite de horas de funcionamiento de las plantas fotovoltaicas con derecho a primas y, para colmo de males para los intereses regionales, equiparó a Extremadura con Galicia o Cantabria. Un tijeretazo de 740 millones que espantó a inversores.... Como quizás pueda suceder con el impuesto del 6%.

«El no tener claras las reglas del juego desde el principio hace que trabajemos absurdamente. Implica ser menos eficientes y competitivos que otras empresas europeas y esto es algo muy importante que nuestro Gobierno debería tener en consideración», dice Gehrlicher. Y enfatiza algo más evidente: el capital, sobre todo el foráneo, no tiene predilección por España.

«Esta medida, unida a las anteriores penalizaciones que ha sufrido el sector fotovoltaico, está generando una tremenda inseguridad financiera y huida de capital extranjero, lo que se traduce en pérdida de clientes para Gehrlicher y para este sector. Además, este impuesto al final repercutirá negativamente en el consumidor ya que lo más probable es que haga subir el precio del kilovatio», agrega la compañía alemana.

Ese discurso es compartido por Luis Crespo, gerente de Protermosolar, que agrupa a las empresas termosolares. «Hay más incertidumbre. Las plantas trabajan de hecho con una rentabilidad muy ajustada. Los proyectos sin primas tendrán que esperar un poquito», concluye. Crespo es pesimista por el panorama que se le presenta a la región. «La revolución industrial de Extremadura iba a ser las renovables. Para la comunidad, un parón en este sector hace que no tenga ya esa vía de escape económica y de convergencia».

El extremeño José Luis Joló, de Econergías del Guadiana, prefiere no valorar extensamente la medida del Gobierno (un anteproyecto que puede ser pulido en su tramitación parlamentaria) pero comenta que «perjudica no solo a los proyectos realizados, sino y lo más grave, también a aquellos que no tienen prima».

Joló es el encargado de buscar dinero para una fotovoltaica de enormes dimensiones en Usagre que necesita una inversión de 700 millones. Una inyección que se sustenta en fondos extranjeros y que no cuenta con subvenciones del Estado. El empresario ha preferido no pronunciarse sobre en qué punto se encuentra esa financiación y si hay cambios sobre el futuro de la planta.

Lo mismo le ocurre a la planta presentada para Calzadilla de los Barros, con 450 millones de euros de inversión Su alcalde , Antonio Galván (PP), que también es senador, dice estar muy animado porque espera que la nueva tasa no tenga apenas incidencia. «Lo último que sé es que la gente de Valsolar (empresa extremeña) se ha ido esta semana a Alemania para seguir con el asunto. Sigue su camino», dice. En el país teutón está SAG Solarstrom, el socio capitalista.

Galván cree que a pesar de la delicada realidad financiera el proyecto no solo no ha sufrido una ralentización sino «que va más rápido. Me cuentan que las obras podrían comenzar el verano que viene, un año antes de lo previsto».

Dinero extranjero

«Esas sumas importantísimas de dinero llegan básicamente a través de los fondos de inversión y cada día se piensan más si vienen a España. No tanto por la rentabilidad, que también, sino por la incertidumbre normativa. Es más fácil invertir en el norte de África o en América. Con la nueva situación hay proyectos que pueden tener problemas de financiación», reflexiona Antonio Rosa, presidente del Clúster de la Energía en Extremadura, asociación empresarial sin ánimo de lucro que promueve el fortalecimiento del sector y formada por 60 integrantes, entre ellas Endesa e Iberdrola.

Rosa enfatiza además lo dañino que será el impuesto del 6% especialmente para las energías 'limpias', que no pueden repercutir esa tasa ya que reciben una tarifa fija regulada por ley. «Las empresas que producen electricidad a través del régimen ordinario (nuclear, hidráulicas, térmicas...) lo pueden hacer y tarde o temprano lo van a hacer. Las renovables, no», sentencia. Para el presidente del Clúster, el impuesto de facturación deja «descontento a todo el mundo. El problema es que no hay una política energética. Se están dando bandazos».

Una primera evidencia sobre el frenazo de proyectos renovables en la región llega con los vinculados a la energía eólica. 24 de los 65 parques que fueron aprobados por la Junta en noviembre del 2011 se han aparcado. Sus promotores han tirado la toalla. 65 plantas habían recibido el permiso previo pero solo 38, que suman una potencia instalada de 725,7 megavatios, han presentado solicitud de autorización administrativa y proyecto de ejecución. A excepción de tres de las iniciativas pendientes de resolución judicial, para el resto el plazo ya ha finalizado, lo que supone que pierden la autorización previa.

Con anterioridad a 2011 se autorizaron 26 proyectos, pero el plazo para que presenten esa solicitud no ha concluido. Por lo tanto, se desconocen los que siguen adelante. Sin primas, con el impuesto estatal del 6% y otro regional del 8% de la facturación (para los municipios donde se asienten), los parques eólicos, ni siquiera los autorizados, tienen visos de moverse. Otro dato: la inversión por cada aerogenerador se sitúa entre los 1,25 y los 1,35 millones.

Aparte de proyectos eólicos, en Extremadura existen 275 iniciativas en trámite de plantas fotovoltaicas, de las que apenas 90 están en el registro de preasignación, el que abre las puertas a recibir incentivos económicos del Estado si eso vuelve a suceder. En la región ya hay 482 fotovoltaicas en servicio.

Respecto a plantas termosolares, hay 12 en servicio, 40 están en trámite y, de ahí, sólo siete están preasignadas, según datos de la Consejería de Agricultura. La Junta manifestó en julio, antes de conocer la nueva tasa, su rechazo a cualquier impuesto que gravase la producción eléctrica por su impacto en las renovables.

«Este nuevo impuesto supone una reducción importante de la rentabilidad, es un lastre más»

«Los fondos de inversión se piensan venir a España por la inestabilidad normativa»

«Entiendo que las empresas tengan que hacer sus cuentas, nuevas cuentas, pero confío en que sigan adelante»