Los jueces no quieren ser «los cobradores del frac»

Los jueces no quieren limitarse a ser «meros cobradores del frac» en los desahucios de viviendas ante el impago de créditos hipotecarios por parte de sus dueños. El juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, explicó así que los togados no deseen ejercer el papel de ejecutores de los desahucios cuando por detrás de la deuda con los bancos hay un drama familiar y social.

Los jueces decanos de España se reunieron durante tres días en Barcelona y ayer dieron a conocer las conclusiones, que en el caso de los desalojos consisten en reclamar al Gobierno la adopción de medidas legales para frenar la creciente marea de desalojos familiares de sus casas por impago a los bancos. Los 46 magistrados, que representan a los cerca de dos millares de jueces españoles, instaron al Ejecutivo a introducir las reformas necesarias en la ley hipotecaria para «humanizar» y «suavizar» la norma, de forma que los jueces tengan un margen de actuación mayor ante las entidades financieras.

Los decanos resumieron sus propuestas en un decálogo, entre las que figura en lugar destacado la reforma de la ley, «un clamor social», para que las ejecuciones hipotecarias no conlleven un plus de dolor al drama de las familias. También critican a su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, por no haber hecho suyo un informe elaborado por siete jueces con medidas para frenar los desalojos, y que incluía una petición de reforma de la ley hipotecaria.

Una demanda que sí hizo suya el cónclave de jueces decanos porque con la normativa en vigor «el margen de maniobra» de los magistrados es «prácticamente nulo» y tienen que ordenar la expulsión de sus domicilios de los deudores sin tener en cuenta ningún atenuante.

Los jueces también consideran que el Código de Buenas Prácticas que estableció el Gobierno para atenuar los desalojos, y al que lo bancos se podían acoger de forma voluntaria, ha resultado ser «escasamente útil» porque no ha frenado los desahucios, todo lo contrario, ya que han crecido «exponencialmente» en los últimos meses. Esta situación se ha producido, según los magistrados, porque ese código solo es aplicable a personas en la pobreza «absoluta», una minoría, mientras que la mayoría de los deudores no pueden beneficiarse de las medidas paliativas.

Otras conclusiones alcanzadas en las jornadas de trabajo de los decanos son la aceptación de la dación de la vivienda en pago de la deuda con el banco para determinados casos y la posibilidad de que el deudor pueda vivir en el domicilio mediante el pago de un alquiler.