Rajoy elimina el impuesto bancario extremeño pero compensará a la región

Hace diez días, la euforia era la nota predominante. El Tribunal Constitucional, tras una década de espera, avalaba el impuesto bancario extremeño y, con ello dejaba un premio presupuestario de 240 millones de euros. Un respiro mayúsculo para la economía regional y una puerta abierta para que otras regiones siguiesen en el camino abierto por el Gobierno socialista de Ibarra. Ayer, el Ejecutivo de Rajoy, con una enmienda del grupo parlamentario del PP en el Senado que cambiará la Ley de Presupuestos del Estado de 2013, decidió cortar cualquier suposición positiva para las autonomías.

El Gobierno crea un nuevo impuesto bancario estatal que en realidad beneficia a la banca. No les cobrará nada porque el tipo de gravamen es del 0 %. Ese impuesto estatal entrará en vigor el 1 de enero próximo y significará, eso sí, la supresión de las tasas bancarias que tienen en vigor Extremadura (que fue la pionera), Andalucía y Canarias, e impide que otras comunidades sigan esa medida.

Las reacciones se acumularon. La Junta se mostró tranquila ante esa decisión. El PSOE extremeño la rechazó y el exministro y expresidente andaluz Manuel Chaves dijo que invade las competencias de las autonomías. IU Extremadura desconfía y la asociación de inspectores de Hacienda, Gestha, criticó al Gobierno por intentar revocar una sentencia del TC, aunque piensa que las regiones no se verán perjudicadas. Será el erario público general el que lo soporte porque no se cobrará el impuesto a las entidades.

«Nos lo esperábamos. Era lógico», adelantó la portavoz y vicepresidenta extremeña, Cristina Teniente, quien dijo que el Gobierno regional del PP coincide con el nacional en la armonización fiscal unitaria ante el nuevo impuesto estatal. «Creemos en la unidad fiscal y de mercado, no en 17 reinos de taifas», aseveró.

Blindaje

Teniente se esforzó en su comparencia por insistir en un mensaje de calma. Madrid se compromete a pagar una compensación por el impuesto suprimido según se recoge en la enmienda del PP a los Presupuestos Generales. Según el Gobierno regional, será la cuantía íntegra del impuesto que toque cobrar cada año. El Ministerio de Hacienda no detalló por la tarde en qué consistirá finalmente esa compensación. ««Hemos trabajado para que esta decisión no fuera lesiva para nuestra región y así ha sido», definió Teniente.

Extremadura cobrará en junio de 2013 unos 39 millones pero será todavía por su impuesto bancario, dinero por tanto que procederá de los bancos, confirmó el consejero de Economía, Antonio Fernández. No será hasta 2014 cuando empiece a cobrar esa compensación anunciada por parte del Estado. El titular de Economía recordó que es la primera vez que se suprime un impuesto autonómico por uno nacional. Fernández admitió que no se sabe cómo se recibirá a partir de entonces: si a través de anticipos, de entregas trimestrales o de otras partidas ni en qué fecha del año llegarán a la región. «Lo desconocemos totalmente. Es un tema menor».

Fue especialmente cristalino al decir que la Junta le «da igual quién pague», sean las entidades bancarias o el Estado. El Gobierno regional defiende que «los bancos deben devolver a la sociedad lo que ésta les ha dado» pero eludió entrar a valorar el hecho de que los fondos de la tasa estatal lleguen a partir de los impuestos de todos los ciudadanos toda vez que el impuesto de Rajoy blinda a la banca. No tendrán que poner ese dinero. «La Junta defiende lo que defiende», dijo sin añadir más Cristina Teniente.

Opiniones

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, ve en esta decisión una estrategia gubernamental para sortear una situación validada por el Constitucional, a pesar de que se haya comprometido a compensar la pérdida de recaudación. Y evita que se les fije a los bancos este gravamen. «La compensación saldrá del fondo de todos. Lo que no se exige a la banca lo pagamos todos los demás», subrayó.

A su parecer, si el Gobierno hubiera querido dar un trato igual a la banca sin diferenciar entre regiones habría fijado este mismo impuesto, pero no con una tasa cero, sino con un tipo similar o más elevado del que ya tenían estas comunidades. Estas comunidades gravan los depósitos con tipos que van desde el 0,3% al 0,57%.

También habló ayer de ese asunto el diputado y exministro y expresidente de la Junta andaluza, Manuel Chaves. Lo hizo en Badajoz, donde estuvo con Guillermo Fernández Vara. Consideró que el impuesto estatal «invade el nivel competencial de las comunidades autónomas en un contexto de deslealtad institucional».

Chaves criticó que el Ejecutivo central «no habla con las comunidades sobre la decisiones que va a tomar que les afectan» y dijo que no es la primera vez que lo hace. «Lo hace, ha estado haciendo durante estos años una política de recentralización de competencias cuestionando el fondo y la sustancia del Estado autonómico».