La sentencia confirma que Unió se lucró con el 'caso Pallerols'

A pesar de que Josep Antoni Duran Lleida insistió desde Chile en que su partido no se financió de forma irregular con el 'caso Pallerols', la sentencia dada a conocer ayer no ofrece dudas. Unió Democrática de Catalunya (UDC) recibió «aportaciones directas» de una trama delictiva que desvió fondos procedentes de ayudas europeas para la formación de desempleados.

En concretó, el partido se benefició de esas subvenciones para amueblar algunas de sus sedes, con 38.978 euros, y para destinar 158.306 euros a pagar las nóminas de varios de sus militantes. Unió se lucró con el proceso Pallerols, pero según el fallo, desconocía el origen del dinero.

Por ello, la Audiencia de Barcelona declara a Unió responsable civil subsidiario por las actividades de sus exaltos cargos implicados y partícipe a «título lucrativo» por el dinero de los muebles y las nóminas.

Y es que se puede ser responsable civil de un delito sin haber delinquido. Esto ocurre cuando uno se aprovecha económicamente de ese delito. Duran se agarró a un tecnicismo jurídico para afirmar que no hay financiación irregular del partido porque Unió «no es sujeto de condena penal». Por la misma razón, el líder de UDC descartó su dimisión y volvió a pedir perdón porque el caso «daña la credibilidad de la política ante la sociedad».

Desvío del 10%

La sentencia reconoce que hubo «confluencia de intereses» entre Pallerols y altos cargos de Unió para «desviar a fines ajenos a las actividades formativas» un 10% de los seis millones de euros de las subvenciones que el empresario recibió entre 1994 y 1999 para organizar cursos para parados. En este entramado jugó un papel decisivo Vicenç Gavaldà, exsecretario de Organización de UDC, «procurando un beneficio para el partido y algunos de sus miembros», según el fallo, que recoge en su totalidad el acuerdo al que llegaron la Fiscalía de Barcelona, la Generalitat, la Abogacía del Estado y los abogados defensores de los imputados y de Unió. UDC aceptó devolver 385.000 euros desviados de subvenciones por la trama. El pacto, que evitó el juicio y por tanto que Duran tuviera que declarar, permite a los principales condenados eludir la prisión.

El fallo de la Audiencia de Barcelona pone fin a un caso que se ha prolongado durante más de 16 años y que supone el tercer episodio de corrupción, los otros dos son el proceso Treball y el 'caso Turismo', que salpica a Unió.

Desde que se hizo público el acuerdo que evitó el juicio, las peticiones de dimisión para Duran han sido constantes y casi generalizadas, ya que en 2000 se comprometió a marcharse si se demostraba la financiación ilegal.