Los tributos se disparan en los municipios tras tres años de subidas

Arsenio Blasco es un vecino de Villarta de los Montes, en la comarca de La Siberia, que hace tres años vio cómo en su pueblo subió la contribución (IBI) un 100 %. Entonces, a este municipio de 550 habitantes le tocó la revisión catastral. El recibo engordó considerablemente de forma automática. Arsenio se queja ahora de otra descomunal subida. Hasta el año pasado, pagaba 28 euros al año por la tasa de recogida de basuras. A partir de ahora cuesta 72,92 euros anuales, esto es, un incremento del 160%. En Mérida, la revisión de las ponencias catastrales llevada a cabo por el Ministerio de Hacienda entró en vigor también en 2010. Estableció una subida media próxima al 100% y en algunos casos llega a triplicar los registros anteriores. Se le ha llamado catastrazo. Son ejemplos de una interminable lista que ejemplifica una constante de esta crisis: a la vez que crece la depresión económica, con menos dinero y trabajo para los ciudadanos, éstos han tenido que hacer frente a más tributos (impuestos, tasas y precios públicos).

Bien por decisiones de los propios ayuntamientos, de la Junta (canon del agua y de vertidos) o del Estado. Por voluntad propia de las administraciones o por imposiciones legales. El caso es que la ciudadanía paga mucho más por los tributos locales desde hace al menos un trienio. Al mismo tiempo tiene que hacer frente a otras nuevas ordenanzas, establecidas para costear servicios que antes eran gratuitos para los vecinos. Por último, el incremento del tipo de IVA ha propiciado una mayor carestía global.

Unos pocos municipio como el de Navalmoral de la Mata han intentado frenar parcialmente ese incremento bajando su tipo del IBI. Lo hizo hace un año, pasando del 0,7% al 0,55% para que no se notase en exceso la revisión catastral que se realizó en 2008. La realidad es que la situación económica y la nueva legislación están conduciendo a lo contrario. La máxima es que hay que cuadrar cuentas, lo que implica también recortes de servicios.

Obligados a cuadrar cuentas

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada por el Gobierno en 2012, marca la senda. «Si no hay dinero, hay que recortar, aunque queremos hacerlo lo menos posible. El servicio de ayuda a domicilio ha bajado. No hemos puesto ordenanza», resume Juan Periáñez, alcalde (PP) de Talaván, de algo menos de 900 habitantes, en el centro de la provincia cacereña. Comparte con Hinojal y Santiago del Campo el servicio de abastecimiento de agua, que está cedido a la empresa del Canal de Isabel II. «Firmamos un convenio con ellos hasta 2015 y hasta entonces no nos pueden subir la tarifa. Un alivio», admite Periáñez.

«No se trata de querer o no. La ley de estabilidad te fija por decreto lo que tienes que hacer. No puede haber desfase presupuestario con los servicios, nos han obligado a hacer sostenibles los servicios. Si no, el Gobierno te los quita», añade Saturnino Alcázar, primer edil (PSOE) de Herrera del Duque, con 3.700 vecinos censados.

Uno de los impuestos más sensibles es la contribución. El Gobierno de Rajoy, en su Consejo de Ministros antes de Nochevieja de 2011, aprobó los nuevos tipos que los ayuntamientos deberán aplicar en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), al menos durante 2012 y este 2013. La subida mínima que marca el Estado es del 10%. El 'daño' añadido es que los municipios pueden subir su parte impositiva. Y, para colmo, algunas localidades tras muchos años sin refrescar sus catastros, han revisado los suyos.

El catastrazo no es solo algo que afecta a la capital de Extremadura. Cuatro poblaciones cacereñas tienen que pagar bastante más a partir de 2012. Son La Cumbre, Mohedas de Granadilla, Villar del Rey y Zarza de Granadilla. Son los que pidieron la actualización de sus catastros. De media, el valor de los inmuebles se ha multiplicado por tres, lo que implica aumentos en el IBI de una media del 200% más.

«Está claro que es el peor momento para cualquier subida de impuestos, pero es que antes ningún alcalde lo iba a hacer. Eran años de bonanza, cuando los ayuntamientos tenían mucho dinero por las licencias urbanísticas», avanza Juan Antonio González, alcalde socialista de Puebla de la Calzada y vicepresidente del consorcio Promedio, de la Diputación de Badajoz.

Por qué tanto aumento

Este consorcio asume de forma creciente más clientes, esto es, municipios que le ceden la gestión de aspectos tan básicos como la recogida de basuras, el abastecimiento de agua potable o la depuración de las residuales. Eso origina, en casos concretos, que hayan subido los precios para buena parte de los habitantes de esos pueblos. Es lo que ha pasado a los vecinos de Villarta.

Su ayuntamiento y todos los que conforman la mancomunidad de La Siberia han traspasado a Promedio esas obligaciones. Antes se encargaba la empresa Urbaser, pero el déficit acumulado era enorme, rondando el medio millón de euros. «Es fácil de entender. Pagamos a Urbaser una cantidad, la que venía recogida en el concurso, pero lo que nosotros teníamos fijado como tasa para nuestros vecinos no cubría ni de largo el coste del servicio. Y llega un momento en que la pelota es ya demasiado gorda. Eso ha pasado con la recogida de la basura, pero en general con todos los servicios», explica el alcalde de Herrera del Duque.

«Me preocupa que por pasar a Promedio pasemos a pagar 73 euros al año por la basura, pero hace que pregunte por qué el hecho de que el consorcio, tras sacarlo a licitación, se lo encargue otra vez a Urbaser», critica Arsenio Blasco. Juan Antonio González, en su doble condición de alcalde y responsable de Promedio, da una explicación al vecino de Villarta que considera válida para cualquier otro ciudadano que tiene que pagar más por esos tributos.

«Promedio pone una tasa única provincial, para todos los pueblos y muchos están por debajo de esa cifra. Es la mejor fórmula para hacer más sostenible la gestión. En segundo lugar, ahí se incluye lo que cuesta, por ejemplo, la reposición de contenedores, lavados mensuales de los mismos, renovación de los camiones o el aumento del tipo del IVA del 16% al 21%».

Del mismo modo incide en otra cuestión. La Junta aprobó en el verano del año pasado el canon de saneamiento que grava el recibo del agua y la entrega de residuos sólidos en vertedero. Por esto último, González tiene calculado que cada familia extremeña debe pagar 8 euros más al año y el consorcio repercute ese coste en el recibo. Mientras, la Unión de Consumidores calculó que la incidencia del llamado canon del agua sobre cada factura era notable: en un año la subida media del agua se sitúa en 60 euros.

«Buscamos abaratar costes como podamos. A través de la gestión propia, dándole el servicio a empresas o a las mancomunidades, pero lo cierto es que todo ahora es más caro. La gente tiene razón para quejarse», reflexiona el alcalde de Talaván. Su colega de Herrera del Duque añade otra apreciación. «Es un error pensar que todo debe ser gratis. Todo cuesta porque si no lo paga directamente el ciudadano lo paga el Ayuntamiento. Ahora realmente los ayuntamientos estamos repercutiendo sobre los vecinos, aunque a nadie nos guste, el precio de los servicios que ofrecemos», finaliza.