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MANUEL M. NÚÑEZ
Martes, 5 de marzo 2013, 11:45
El Obispado reclama lo que considera justo. Y está dispuesto a llegar hasta donde haga falta. En este caso, de momento, ya ha llegado al juzgado. La parroquia de Nuestra Señora de Fátima reclama unos 66.000 euros a Caja Extremadura. Considera que es una cifra que ha pagado 'de más', por encima de lo que en justicia le correspondía.
En 2001, según la versión de su letrado, pidió un primer préstamo a la entidad que preside Víctor Bravo con la propia Diócesis como avalista. Luego solicitó otros dos. Todos ellos tenían un único fin, la construcción de la nueva iglesia Beato Marcelo Espínola, que debía dar servicio a barrios como el Vivero o Los Castellanos.
Caja Extremadura fijó un interés mínimo del 4,9 por ciento, por lo que se habrían estado pagando unas cuotas muy superiores a las que establece el mercado, con el Euríbor al 0,54 en la actualidad. El abogado que lleva el caso reconoce que la decisión de la Diócesis y de la parroquia de acudir al juzgado «ha sido inevitable» después de haber intentado sin éxito que la Caja accediese a cambiar unas condiciones en el contrato que son «absolutamente desproporcionadas».
«Hemos buscado un acuerdo extrajudicial, pero ha sido imposible. En ningún momento los responsables de Liberbank (banco en el que participa Caja Extremadura) han dado opciones». Juan Luis Picado tiene amplia experiencia en la materia. Este abogado cacereño ya ha llevado más casos relacionados con la cláusula suelo. Ejerce como delegado de la Asociación de usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y hace un mes presentó a los primeros casos de afectados a los que se devuelve dinero por sentencia judicial. Ausbanc presume de tener 40 sentencias favorables en esta materia. Una de ellas es la de Pilar Baldominos. A la espera de que se pronuncie el Supremo, Liberbank deberá devolverle 7.500 euros.
El de la parroquia de Fátima es un caso llamativo, pero puede no ser el único. «Estamos estudiando la situación porque en el Obispado se sienten indignados. Hay más afectados y puede haber más demandas», adelanta Juan Luis Picado. El Vivero dependía de Fátima en 2001 y se pidieron tres préstamos: 450.000, 150.000 y 269.000 euros, según el abogado. El objetivo era la construcción del nuevo templo, que se inauguró en julio de 2003. Caja Extremadura fijó una cláusula del 4,9. «Luego fue del 3,6 y más tarde otra vez el 4,9. Y con redondeo al alza», destaca. El resultado es ese pago 'extra', esos más de 60.000 euros que ahora se reclaman por vía judicial. La demanda se presentó el día 22 de febrero. Las partes intentaron llegar a un acuerdo en el centro parroquial de Sanguino Michel. Fue inútil. Curiosamente, el Obispado es entidad fundadora de Caja Extremadura, a través de Caja Cáceres (1906). Hasta cuenta con representante en el consejo de administración.
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