840 familias ya se benefician de la tarifa social del agua

Poco a poco va subiendo el número de familias que se benefician de la tarifa social del agua, lo que demuestra que son cada vez más quienes tienen dificultades para pagar la factura. La Junta de Gobierno local aprobó ayer la solicitud de 38 titulares para pagar una tarifa reducida y rechazó la de otras cinco personas.

El requisito que deben cumplir los usuarios es que entre todos los miembros de la unidad familiar no superen los ingresos marcados por el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que asciende a 532,51 euros al mes.

A pesar de que 840 familias parezcan muchas, no son tantas si se tiene en cuenta que 2008 comenzó con 1.216 beneficiarios. Aquel año, cuando el Ayuntamiento realizó la última revisión, redujo los consumidores a 282. En los últimos cuatro años se ha triplicado el número de pacenses que tienen reconocido este derecho.

A pesar de ello, esta cantidad resulta reducida si se tienen en cuenta datos anteriores. En 1997, lo disfrutaban 2.082 titulares, que se redujeron a 778 tras la primera comprobación. El año 2005 comenzó con 1.865 pacenses en este listado, que quedaron en 740 tras una segunda verificación de la documentación.

Recaudación

La tarifa social del agua no fue el único asunto que trató ayer la primera junta de Gobierno Local que se celebra con Francisco Javier Fragoso como alcalde y María José Solana como portavoz municipal. Entre otros asuntos, autorizaron la adjudicación a la unión temporal de empresas formadas por Infaplic S.A. e Iconsa S.L. de las tareas auxiliares de gestión tributaria municipal. El Ayuntamiento pagará por ello 317.000 euros por un año, según informó Solana.

Esta empresa se dedicará, entre otras cosas, a la atención al público o la organización de la correspondencia. Estas tareas auxiliares excluyen los trabajos referentes al ejercicio de autoridad o custodia de fondos públicos, que solo pueden realizar los funcionarios.

Hasta hace poco menos de un año, la empresa FS se encargaba de la recaudación de los tributos en el Consistorio. Hacía años que el Gobierno local decidió retirar esta gestión del organismo autónomo dependiente de la Diputación (OAR) y concederlo a una empresa por concurso. Sin embargo, desde hace unos años volvió a cambiar de criterio y progresivamente, ha ido cediendo progresivamente a este organismo diversas competencias.

De forma paralela, el Consistorio reforzó el área de tesorería con la incorporación de nuevos funcionarios y ahora contrata a una empresa para agilizar las tareas menores. Ellos se encargarán del cobro de los impuestos en el periodo de pago voluntario. Sin embargo, el cobro de todos los tributos municipales en el periodo de reclamación, la inspección de las empresas que deben hacer frente al impuesto de actividades económicas y las multas de tráfico son trabajo del OAR.

Por otro lado, aún queda pendiente la reversión del edificio de la recaudación, en la calle San Juan, al Consistorio. Tal y como constaba en los concursos por los que FS consiguió estos trabajos de forma sucesiva. FS también se presentó al concurso que ayer adjudicó a otra firma.