Las constructoras del hospital piden 9 millones más por lo que el SES decide resolver el contrato

La imagen de un cacereño atendido en cualquiera de las seis unidades de enfermería o de las 56 consultas del nuevo hospital va a seguir mucho tiempo más sin poder verse. El consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, confirmó ayer la noticia adelantada por este periódico el pasado 8 de marzo y anunció que los «incumplimientos» de las empresas que ejecutan las obras han llevado al Ejecutivo regional a iniciar un expediente de resolución de contrato.

Sobre el papel esto significa que la administración y la Unión Temporal de Empresas (UTE) que integran Placonsa, Joca y FCC entran en un litigio que no tendrá fácil salida. Puede que incluso haya que sacar lo que queda de obra a un nuevo concurso. En la práctica, para el ciudadano, el resumen es simple. La espera no solo continúa, sino que se alarga todavía más. Tanto que complica seriamente que la Junta de Extremadura vaya a cumplir el compromiso de tener operativo el hospital, incluida su segunda fase, a lo largo de 2015.

Tras la decisión de la Consejería de Salud aparece una razón que sus responsables consideran de suficiente peso. Según afirmó ayer Hernández Carrón tras reunirse en Mérida con la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, las empresas adjudicatarias solicitan otros nueve millones de euros y un nuevo plazo para terminar su trabajo.

El consejero desveló que «justo antes de las elecciones» de 2011 el anterior Gobierno aprobó una primera modificación de crédito y de fechas para la primera fase del proyecto. Tuvo un coste de 9,5 millones para las arcas públicas y más retrasos, lamenta.

Habla Carrón de «irregularidades» e «incumplimientos», tal y como informa su departamento de Comunicación. HOY también confirmó que la Consejería de Salud, además de resolver el contrato (en principio la inversión eran 62,9 millones), exigirá daños y perjuicios a la UTE.

Desde las empresas no se hicieron ayer valoraciones. En la oficina de Cáceres no atendieron la llamada de este diario y desde FCC emplazaron a efectuar una nueva petición a partir del lunes.

En todo caso, Placonsa, FCC y Joca aseguraron el pasado mes de marzo que la obra «no está parada» a raíz de la información de HOY sobre la posibilidad que sopesaba la Junta de rescindir el contrato. «Existen negociaciones con la administración en relación al proyecto que se lleva a cabo, pero la obra no se ha parado», indicaron desde la sede madrileña de Fomento de Construcciones y Contratas.

La UTE y la Consejería de Salud coinciden en que falta un nueve por ciento del total. Curiosamente, es la misma cifra que se ofreció el pasado mes de octubre. Medio año transcurrido sin que se produzcan avances. Para el departamento de Hernández Carrón, la causa de esa situación era clara: los «incumplimientos de la adjudicataria». Es la razón por la que, ya hace semanas, se barajaba dejar el caso en manos de los servicios jurídicos para que el órgano de contratación iniciase el expediente de resolución de contrato. La posible rescisión del mismo iría acompañada de una indemnización por daños y perjuicios, confirmaron desde la Consejería de Salud sin precisar cantidades.

«Hemos cumplido y hemos pagado, pero no estamos dispuestos a aceptar otro modificado porque los técnicos nos dicen que no está justificado», vino a reseñar Carrón.

Sin fecha

La Junta repite un viejo argumento. Habla de un problema heredado cuyo origen es que «antes un Gobierno adjudicaba las obras de una forma temeraria», según Carrón. El consejero alude, también, a que la dotación contaba con 120 millones de euros, aunque finalmente se destinaron a otras obras. «¿Por qué se dejó abandonado el proyecto y se gastó el dinero en otra cosa?», se pregunta la alcaldesa de Cáceres. Nevado subraya que la decisión que se adopta ahora permitirá «que el hospital sea una realidad».

Lo que no se dice es cuándo. El compromiso era que a lo largo de la actual legislatura ya estuviese listo, también en su segunda fase. Esta última mediante la fórmula de colaboración público-privada y con una inversión que se estima en 85 millones. Desde el Gobierno manifiestan que se intentarán acortar plazos y agilizar los procedimientos. «Si con este expediente la empresa sigue sin terminar la obra, denunciaremos el contrato», admite el consejero.

El consejero de Salud, no obstante, matiza que será un modelo 'sin bata blanca'. Es decir, se privatizarán servicios (seguridad, limpieza, etcétera) para dejarlos en manos de una sociedad, pero nunca los de carácter sanitario. La espera no termina.