Heras declara que firmó la factura de Urban Screens tras pasar por Intervención

Cuatro horas duró ayer la declaración de la exalcaldesa Carmen Heras en el juzgado de primera Instancia e Instrucción número 4 de Cáceres.

Testificó como imputada en el caso del Urban Screens, acusada de cometer un delito de prevaricación por firmar una factura de 47.782 euros para los organizadores del festival de luz y sonido del año 2010.

Heras no quiso ayer hacer declaraciones a los medios de comunicación y, a diferencia de su citación en el caso del ruido de la Madrila, no estuvo acompañada por compañeros de partido o del grupo municipal.

Durante su intervención, según expuso su abogado, Emilio Cortés, recalcó que cuando ostentaba el cargo de alcaldesa firmaba numerosos documentos y facturas, y no veía los expedientes de cada asunto, simplemente se fiaba de los técnicos del Ayuntamiento. En el caso concreto de la polémica factura, insistió ante la jueza que tenía el visto bueno de Intervención cuando llega a su mesa. La orden de pago estaba firmada por el interventor, además de por Carmen Heras.

Para Cortés es exagerado que la todavía concejala socialista sea acusada de «nada más y nada menos», un delito de prevaricación, cuando considera que «como mucho, aquí se ha cometido una irregularidad administrativa de la que ella no es responsable».

La supuesta irregularidad que está investigando la titular del Juzgado número 4, se basa en que para pagar a los organizadores del Urban Screens del año 2010, la Corporación municipal les entregó cuatro facturas que en total suman 81.370 euros, cuando según la legislación los ayuntamientos no pueden realizar contrataciones directas a empresas, sin pasar por un concurso, cuando superan la cifra de 18.000 euros (50.000 en el caso de obras).

De las cuatro facturas, la de mayor cuantía es la firmada por Carmen Heras, por importe de 47.782 euros; lo hizo el 18 de mayo del 2011, cuatro días antes de las elecciones municipales que dieron lugar al cambio del equipo de gobierno.

Hay otras dos facturas, de 11.994 euros cada una, firmadas por el entonces concejal de Innovación Santiago Tabares; y una cuarta de 9.600 euros que tiene la firma de Francisco Torres, concejal de Turismo en aquellos momentos. Fueron firmadas el 14 de abril del 2011.

Primero se imputó a Tabares y Torres, al investigar si habían cometido un delito de fraude en la contratación pública por fraccionar indebidamente los pagos, de modo que no superasen los 18.000 euros. Tras tomarles declaración y a determinados técnicos municipales, la jueza decidió imputar a Carmen Heras, que está acusada de prevaricación.

Al salir de la toma de declaración, Emilio Cortés comentaba que la acusación contra Heras, «gravita sobre la tramitación del proyecto, no tiene mayor trascendencia. Lo único que estamos hablando es que un contrato que en principio debía ser tramitado como contrato mayor, pues parece ser que ha sido tramitado como un contrato menor. Honradamente, no le veo ninguna significación penal a esos hechos».

Cortés también subrayó que «estamos hablando además de un momento, cuando se produce la firma de esa documentación, en la que se está produciendo el cambio de gobierno en la ciudad, por lo tanto estamos en una situación casi de tramitación de guerra».

Tras la declaración de ayer, el abogado confía en que la jueza decrete el archivo de las actuaciones. «Esa factura es una de las muchas que firmó cuando era alcaldesa, basándose en el principio de confianza en los técnicos municipales», añadió.