El Supremo tasa las huertas de la Isla en 40 millones más de lo pagado

El Supremo pone el punto final al contencioso de las huertas de la Isla. El Ayuntamiento pierde el caso y tendrá que pagar las decenas de millones de euros que pedían los propietarios, tras confirmar el alto tribunal la anulación de justiprecio que puso, en 2010, el Jurado de Expropiación a esos solares.

El alto tribunal del Estado ha confirmado ahora las dos primeras valoraciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx que anularon las que hizo el Jurado Provincial de Expropiación, en 2008, y multiplica el valor de 240 euros el metro cuadrado hasta elevarlo a 1.169.

El TSJEx primero, y el Supremo ahora, dan la razón a la propiedad, en dos de los 10 recursos planteados por los dueños. Por una huerta tasada en justiprecio en 1.118.361 euros tendrá que pagar el Ayuntamiento finalmente 5.428.694. Por otra inicialmente valorada en 495.600, abonará 2.405.316 euros. A esas cantidades finales hay que sumar 4.000 de costas por cada contencioso y los intereses legales desde que el Ayuntamiento aprobó la ocupación directa de los solares (mayo de 2004).

Estos pueden suponer el 50% del dinero por pagar, por lo que el coste final para el Ayuntamiento alcanzaría los 50 millones de euros. De ellos lleva abonados ya cerca de 10 en concepto de justiprecio. Como dato comparativo, cabe recordar que el presupuesto municipal de este año supera los 30 millones.

Las ocho sentencias del Supremo que fijen el precio definitivo se irán sucediendo en adelante en idéntico sentido que estas primeras, tal y como sucedió con el TSJEx. Se trata de todo un revés para la endeudada economía municipal cuya posibilidad de tener que hacer frente a la astronómica cantidad ya era temida por el Gobierno local.

Ahora tendrá que ofertar su previsión de pago a los dueños en el plazo de dos meses, ordena la sentencia, y ver cómo les puede abonar todo ese dinero.

El ejecutivo local estudia cómo encajar en el PGM la fórmula para compensar a los dueños de las huertas que decidieron buscar el amparo de la Justicia, dando lugar a un pleito que el Consistorio ha tratado de dilatar todo lo que ha podido 20 años, agotando todas las instancias posibles, hasta llegar al punto final que marca ahora el Supremo.

La sentencia pone en una «muy comprometida situación» al Ayuntamiento, según indicó ayer el alcalde, que afronta una situación heredada de sus predecesores, ya que desde principios de los 90 el Ayuntamiento rechazó las propuestas de acuerdo para compensar a los dueños con aprovechamiento y/o dinero y hacerse con su propiedad.

Herencia

Un tren que dejaron pasar Cabrera, Díaz y Elia María Blanco con situaciones en las que se estuvo a punto de cerrar tratos pero las prioridades políticas primaron sobre el sentido práctico y el beneficio de la ciudad, hasta demorar el pleito para el siguiente alcalde.

«Se cumplen nuestras peores sospechas y previsiones y todos sabemos que el origen de todo es una herencia pura y dura de la mala gestión de Victoria Domínguez y de Elia María Blanco», agregó Fernando Pizarro que dice que la maquinaria se ha puesto a funcionar para buscar solución al grave problema, porque la Ley de Estabilidad no permite al Ayuntamiento pedir nuevos créditos.

El propio edil de Urbanismo y Hacienda, José Antonio Hernández, admite que no hay recursos municipales actualmente para afrontar los abonos que supondrán las sentencias de las huertas y busca con los técnicos un plan de pagos que no excluye enajenaciones y cesión de solares y aprovechamientos urbanísticos municipales del PGM.

Este contencioso arranca de 1984, cuando el PGOU, aprobado con Mariño en la Alcaldía, calificó las huertas como solares urbanos para equipamientos y sistemas generales sin otorgarles aprovechamientos lo que perjudicó a los dueños en beneficio de otros. En los 90, el PSOE con el PGOU en revisión y Olivenza de edil de Urbanismo, fracasó un intento de llegar a un acuerdo de permuta.

En 1997, con Díaz de alcalde, PP, PSOE Y CE apoyaron la estrategia dilatoria del edil de Urbanismo, Mariño, al aprobar el pleno la compra de las huertas por ocupación directa. Ésta fue anulada en 2001 por el Supremo.

En 2005 éste condenó Ayuntamiento a adquirir los solares por haber dejado pasar el plazo legal para hacerlo por otro procedimiento y de forma voluntaria. Los tribunales ratificaron a los dueños su derecho a pedir la expropiación forzosa. Esta resolución del TSJEX fue confirmada por el Tribunal Supremo en el año 2003.

El Ayuntamiento recibió el primer revés judicial de las huertas en 1998 al serle anulada la ocupación directa de los terrenos con la que pretendió Mariño un año antes dar un 'golpe de mano', retrasar el pago y dejar de lado el proceso de expropiación forzosa que había sido condenado por los tribunales a abrir previamente, a instancias de los dueños.

Ahora el Tribunal Supremo con estas nuevas sentencias abre el último capítulo de un pleito demasiado lago y costoso para esta ciudad.