Aquella tarde que se derrumbó el Wok

El 11 de abril de 2012 en el primero del número 52 del edificio Alcoresa la propietaria del piso cumplió una rutina de tantas. La mujer, que tiene 62 años y ni siquiera hoy quiere que se publiquen su foto y su nombre, salió al patio de luz y tendió la ropa. Minutos después de cerrar la puerta y entrar en casa sonó un estruendo. Eran las dos y media de la tarde. «Cuando se asomó a la ventana el suelo se había hundido. Los bomberos cogieron nuestra ropa», recordaba aún con el susto en el cuerpo su marido, ya jubilado.

Este matrimonio fue una más de las víctimas de lo que estuvo cerca de convertirse en tragedia. Pero se quedó en susto. El derrumbe de 60 metros cuadrados de hormigón en el restaurante Wok dejó dos heridos, Francisca, una cacereña que se encontraba con su familia en el local de comida asiática, celebrando un cumpleaños, y Tarek, un ciudadano marroquí que se lesionó el hombro al intentar proteger a su hija de dos años. Los dos terminaron en Urgencias. Los bomberos retiraron miles de kilos de escombros para asegurar que no había más personas. El comentario general, a pie de calle tras algo que muchos creyeron una explosión, era extendido. La gran suerte fue que el accidente no se produjese días antes, en plena Semana Santa y con un establecimiento con capacidad para 400 comensales repleto. El drama sobrevoló por Alcoresa, un bloque levantado en 1969 y en el que residían 29 familias. 120 en total si se contabilizan las de otros edificios aledaños que también han requerido la atención de los técnicos durante este tiempo en los números 46,48 y 50.

«Yo estoy tranquila. Si no lo estuviese, si pensase que esto se iba a hundir no hubiese vuelto a casa. No tendría aquí a los nietos», relata hoy la dueña del primero. La mujer que pasó de la rutina de sacar la colada al patio y regar sus macetas a comprobar su desaparición en cuestión de minutos. El Ayuntamiento ordenó dos precintos más. Joaquina y Leo tuvieron que trasladarse a una vivienda del Perú junto a sus dos hijos. El tercer cierre afectó a un piso deshabitado.

En total, estuvieron 41 días fuera de casa. Fue el tiempo que transcurrió entre el primer informe técnico del área municipal de Urbanismo, en el que se apreciaba riesgo de un nuevo hundimiento «sin previo aviso», y la resolución del Consistorio que les permitía volver a casa, el 23 de mayo. Durante esas semanas se apuntalaron los locales comerciales como medida de seguridad.

El informe elaborado por un arquitecto técnico de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Sevilla fue la base del Ayuntamiento para ordenar el refuerzo en la estructura de los forjados del número 52, donde estaba el restaurante, y un estudio general del conjunto del edificio. El primer informe de Urbanismo concluyó que el techo del Wok tenía un grosor excesivo, con capas añadidas de hormigón de baja calidad. Los primeros cálculos apuntaron a unos 18.000 euros solo para cumplir con la necesidad de apuntalar los bajos. Sin embargo, el estudio de la composición del forjado, según estimaciones iniciales, llevaba la cifra por encima de los 35.000.

Hoy la factura se queda pequeña. Los vecinos deben afrontar en solitario, sin ayuda oficial, los gastos en asesoría jurídica y trabajos técnicos de los arquitectos. En junio el Consistorio dictó refuerzos de pilares y forjados. En el caso del número 52, un proyecto técnico de refuerzo del edificio. El importe total de los trabajos no se ha dado a conocer, pero lo están costeando los afectados de su bolsillo. Lo dicen los consultados. La versión municipal es distinta: la obra quedó paralizada «por voluntad de la comunidad de propietarios».

«Es mucho más de lo que se dijo en su día. Y no está siendo fácil. Todo sigue en trámite de resolución». Es todo lo que comenta el antiguo administrador, Juan Antonio Martín. Fue protagonista durante esas primeras semanas tras el suceso, en la que los vecinos celebraron distintas asambleas. Hoy está desvinculado del caso.

Los inquilinos se mueven entre la tranquilidad aparente y el desasosiego de no saber lo que viene. «Estamos pagando cada mes. Lo que no sé es dónde vamos a parar. Nos está tocando a nosotros pagarlo todo. Por lo que parece esto se iría a más de 100.000 euros», afirma César Martínez. Los antiguos negocios de la zona y la iglesia evangélica se han marchado. «¿Quién va a entrar a tomar algo aquí?», se preguntaba el dueño del Bar Andu. Los litigios están abiertos. «Debería pagar el propietario del local derrumbado. Los demás no tenemos la culpa», plantea una vecina.

César, muy crítico, añade: «Aún espero que se publique el informe municipal que permitió que en su día abriese el restaurante», insiste. «Hubo un exceso de peso y eso no fue problema del edificio», concluye. Un año después el Wok sigue cerrado. Eso sí, el agujero del techo ha sido cubierto, y la vecina del primero duerme en casa. Tranquila. Eso dice.