UPEx lamenta que el PP no tenga aún lista en el PGM la solución a las huertas

Falta de previsión política, dos años de gobierno dejados pasar y ahora, a correr para dar solución a la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar 40 millones de euros más por las huertas de la Isla. Es el resumen de lo que dijo ayer la portavoz de UPEx, Victoria Domínguez, sobre la situación en la que se ve el Ayuntamiento, tras publicar el Tribunal Supremo la primera sentencia definitiva.

Un hecho del que responsabiliza al alcalde, al que acusó de mantener en este pleito la misma posición que su predecesora, Elia María Blanco, al haber continuado con el pago del los justiprecios cuando tenía la opción, no ejercida, de haber retirado el recurso ante el Supremo y tratar de negociar con los dueños solución al margen de la Justicia.

«El Gobierno del PP, precisó la ex concejala de Urbanismo con el PP y con el PSOE, no ha tenido la previsión política de que al Ayuntamiento le pudiera ir mal y no ha negociado con los propietarios a cambio de retirar el recurso, de modo que hemos seguido cómodamente en lo que otros estuvieron». Lo dijo en respuesta a las críticas de Pizarro que responsabilizaron a Blanco y Domínguez del perjudicial desenlace del pleito para el Ayuntamiento.

La concejala regionalista dejó constancia pública de que todos los regidores locales «han hecho todo lo posible por favorecer los intereses de la ciudad» en este pleito y alegó que echar culpas y la vista atrás «ya no vale, cuando se lleva dos años en la Alcaldía». En esta línea acusó a Pizarro de imprevisión por no tener contemplada en el PGM una propuesta de solución para hacer frente a un asunto que, antes o después, iba a salir y tendría que afrontar , tal y como esperaba.

Sobre la valoración de las huertas, Domínguez recordó al alcalde el criterio que él expuso junto con CCPL, en abril de 2006, cuando indicaron que 69 millones de euros era una cantidad que se quedaba corta. El coste final señalado es de 50.

Además recordó que el único pleito que ganó el Ayuntamiento en este contencioso fue siendo ella concejala de Urbanismo como socia de gobierno del PSOE. Fue el del justiprecio, que cifró el valor del metro cuadrado en 240 euros, luego anulado por el TSJEx y por el Supremo recientemente, que lo ha multiplicado casi por cinco al final.

«Ahora no es tiempo de criticar a nadie y lo que tiene quehacer el alcalde es ponerse a trabajar», sentenció Domínguez que cree que dedicarse a «mirar atrás», en busca de responsables solo contribuye a confundir a la opinión pública y se vuelve en contra. «Que diga lo que va a hacer con las huertas y el PGM» reclamó a edil que ofreció a Pizarro su colaboración aunque lamentó que el PP no haya informado a los grupos de la oposición de la sentencia.