El PP dice a dueños de las huertas que no tiene dinero para pagarles

El grupo PSOE-PREx aprovecha para hacer oposición y pide al PP que no suelte un euro más y que devuelva las huertas a sus antiguos dueños. El Gobierno local, sabiendo que la vuelta atrás legal no es posible, cita a algunos propietarios para decirles que no tiene dinero para pagar 40 millones más, ni posibilidad de conseguirlos de los bancos y que la mejor solución al caso debe venir por compensaciones en la revisión del PGM.

Los dueños de dos de las huertas a los que el Supremo ha confirmado la tasación que el TSJEx ya dictó en 2010 fueron recibidos ayer en el despacho de la Alcaldía por 'el gabinete de crisis' creado para el caso, formado por el edil de Urbanismo, un arquitecto municipal, el interventor, el oficial mayor y el secretario municipal, más el alcalde.

El equipo de Gobierno no les hizo ninguna propuesta concreta. Fue una primera toma de contacto en la que ambas partes sondearon las respectivas posiciones con el fin de evaluar la disponibilidad de cada una para abrir un cauce que permita cerrar el trato lo antes posibles, visto que pasados dos meses la propiedad puede pedir la ejecución forzosa del pago.

El 'gabinete de crisis ' estudia desde hace días todas las opciones legales que caben y puedan plantear los propietarios para cobrar el precio que fijan los tribunales a las huertas, más los intereses de todos estos años de recursos municipales que han llegado a suponer la mitad del montante.

El PP defiende que la solución debe venir mediante compensaciones en el nuevo PGM con la edificabilidad de las propias huertas, aunque es posible que, dado el alto valor de esos terrenos, no sea suficiente y se busquen fórmulas mixtas y espaciadas en el tiempo. Gobierno y técnicos formularán en las próximas semanas propuestas con el fin de que sean aceptadas por los propietarios que llevan esperando décadas.

Oposición

Por su parte, el grupo socialistas-regionalistas critica que el Gobierno local no haya aún facilitado la sentencia a la oposición. Un asunto que sirve también de crítica política. Este grupo manifiesta su total rechazo a la sentencia, visto que multiplica entre cuatro y cinco veces el valor que fijó el Tribunal de Justiprecio anulado por el TSJEx en 2010 y, ahora, por el Supremo.

«Incluso respetando el veredicto, señaló Jesús Muñoz, queremos solicitar que los servicios jurídicos del Ayuntamiento, busquen la fórmula para iniciar un recurso de amparo, sobre esta dañina sentencia para los intereses de la ciudad». El amparo es una instancia especial que únicamente protege frente a violaciones de los derechos fundamentales y libertades de las personas por vulneración de los preceptos constitucionales.

Muñoz critica la valoración que hizo el TSJEx en 2010 de las huertas, confirmada recientemente por el Supremo, basada en el criterio jurídico y jurisprudencial de que a una unidad urbanística sin aprovechamiento (edificabilidad) hay que concederle el resultante de la media del que tienen los solares del entorno.

Visto esto, Muñoz va más allá de plantear recurrir en amparo y llega a proponer que si fuera «inviable cualquier recurso», se debería estudiar la posibilidad de devolver los terrenos a los propietarios, «pues si en su momento se consiguió la propiedad, por considerarse un bien de interés público, desde luego ahora no tiene ese interés». Para el portavoz del grupo socialistas-regionalistas «el interés no vale los 50 millones de euros que se espera sea la cifra definitiva y aún perdiendo lo ya pagado, sería más rentable la devolución que seguir adelante».

Para éste, salvo para los jueces, puede parecer desmedida la valoración que hace el Supremo ya que considera que está basada en datos de «tiempos de bonanza que en la actualidad han desaparecido».

Jesús Muñoz muestra además su extrañeza por el desfase abismal entre el valor del suelo tasado por los tribunales y el catastral, en virtud del cual se paga la contribución. «Un dato, alega, que queremos trasladar ala opinión pública y con esto no ponemos en duda a ningún jurista y estamos convencidos de que lo han tenido en cuenta».

Pone como ejemplo que, en 2013, para una huerta de 5.778 metros cuadrados, de los que con 476 son edificios, el valor catastral total es de 59.226,19 euros (no ha variado desde 2010) lo que supone pagar 355,36 euros al año.

Con estos datos, Muñoz destaca la diferencia entre los valores de mercado y catastrales declarados. Advierte de que la Junta de Extremadura deberá aplicar el índice de corrección, que en 2013 es 2,85 puntos sobre el catastral. Como ejemplo y tomando el caso de la huerta citada, podría elevar el valor base de la contribución a 168.794,64 euros.