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J. L. A.
Viernes, 19 de abril 2013, 16:18
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acaba de confirmar, en contra del recurso de la Junta, una sentencia del 20 de diciembre pasado según la cual se declara nulo el nombramiento de 15 inspectores accidentales de la Consejería de Educación que relevaron el verano pasado a otros tantos, por considerar que las plazas no estaban vacantes, y que si se quieren cubrir definitivamente tendría que haber un concurso oposición.
La sentencia inicial era del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz, y se dictó a raíz del recurso presentado por la Asociación de Inspectores de Educación de Extremadura, contra la resolución de 11 de junio de 2012, de la Secretaría General de Educación de la Junta, por la que se constituía lista de aspirantes para desempeñar funciones de inspector accidental.
Desde 2003, a falta de oposiciones, las vacantes se solucionan con nombramientos en comisión de servicio que se produjeron en 2004, 2006, 2007 y junio de 2012; en esta última fecha la Consejería de Educación y Cultura sustituyó a los 15 eventuales por otros nuevos. La Asociación de Inspectores de Educación consideró que eso vulneraba una normativa de febrero de 1996 que contemplaba que las vacantes pudieran solucionarse con comisiones de servicio, pero no las que no estaban vacantes.
Una convocatoria, la de junio de 2012, que tuvo por finalidad en opinión de la magistrada de Badajoz «prescindir de los servicios de todos los inspectores accidentales que había para pasar a nombrar a otros inspectores accidentales, no sabemos por qué motivo ni razón». Por ello, debido a un defecto de procedimiento, anuló la convocatoria y dio así la razón a la Asociación de Inspectores, decisión que ahora ratifica el Tribunal Superior de la región.
Los magistrados de este último creen que se ha producido una «subversión» del procedimiento para cubrir las vacantes, y que además no hubo igualdad, mérito y capacidad porque la comisión de selección la formaban tres cargos discrecionales y otros dos designados por el secretario general de Educación.
Luciano Fernández, diputado autonómico del PSOE, reclama el cumplimiento de la sentencia y que los 15 inspectores anteriores vuelvan a sus puestos. «Fue una caza de brujas y alguien tiene que pagar por esto, la consejera Trinidad Nogales o el secretario general César Díez».
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