El juez obliga al Ayuntamiento a pagar gastos de la defensa de Elia Blanco

Fue un compromiso personal del que Fernando Pizarro hizo bandera electoral en su campaña pero ahora la Justicia le quita la razón. Al menos en este caso. Pizarro aprobó en el primer pleno de la legislatura la negativa a que el Ayuntamiento asumiera el pago de gastos derivados de las defensas judiciales de los ediles imputados en el 'caso Plasencia' pero el Juzgado de lo Contencioso de Cáceres le obliga a lo contrario por sentencia firme.

El Ayuntamiento tendrá que pagar al jurista Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, los 17.700 de la minuta girada, más los intereses correspondientes, por el informe sobre la legalidad de unos decretos de Elia María Blanco sobre contratación directa mediante propuesta de gasto y las funciones del interventor y del secretario municipal, referidos a los citados decretos de final de febrero y principios de marzo de 2011.

El dictamen le fue encargado al experto por el bufete de Garrigues que defendía a la exalcaldesa, y fue presentado como argumento para su defensa ante el juzgado, en el proceso abierto contra ella y cinco ediles y exediles del gobierno PSOE-PREX, aunque no fue admitido finalmente por el juez como prueba a instancia de una parte.

El 17 de mayo la alcaldesa firmó ya una propuesta de gasto para pagar al catedrático, con informe favorable de Intervención sobre la existencia de fondos, cuyo abono se autorizó el tres de junio.

Sin embargo, cuatro meses más tarde, Pizarro ya como alcalde, dicta en octubre un decreto que considera improcedente el pago, basándose en un informe del interventor que señalaba errores del dictamen encargado y consideraba que su encargo era una utilización personal de los fondos municipales por Elia Banco para fines particulares.

Ante la negativa del nuevo alcalde a pagar el trabajo hecho al jurista, éste presentó el contencioso que ha ganado. La juez reconoce el carácter de contrato de servicios establecido entre Ayuntamiento y catedrático, la legalidad de la adjudicación directa del dictamen y reconoce que, aunque no se hizo propuesta de gasto, el jurista no debe sufrir «las consecuencias de la propia torpeza de la Administración» por esa infracción procedimental.

Además señala la juez que la conformidad de la Alcaldía, con Blanco, debió ser «plena y absoluta» desde el momento que el informe se presentó como argumento para su defensa en el Juzgado Nº 4, constando así la recepción y la aceptación implícita, algo que negaba el Gobierno municipal popular.

La titular del Juzgado de lo Contencioso de Cáceres resuelve ahora que el recurrente cumplió con los términos de contrato y no así el Ayuntamiento que, cuatro meses después de presentar el informe del catedrático en el juzgado como defensa de Blanco, da traslado al interventor del asunto y éste emite uniforme de reparo «absolutamente extemporáneo y contrario a sus propios actos», ya que la causa en la que se basó para rechazarlo «no está prevista legalmente».

Todo esto, además de causar el Consistorio indefensión al jurista, al no haberle dado trámite de audiencia, lo cual obliga a declarar nula la negativa del alcalde y a pagarle la minuta reclamada por el trabajo hecho, contratado y recibido por el Ayuntamiento.