De vivir en una chabola a una caravana

Elvira Ferrera se ha mudado. Hasta hace tres meses vivía en una chabola improvisada en la avenida del Sol del barrio de Santa Engracia, conocido como Las Ochocientas. Ahora reside en la misma calle, pero en una caravana aparcada. «Aunque no tenga agua, para mí es un palacio comparado con estar en la calle», asegura esta mujer que convive en la caravana con dos de sus hijos, de 15 y 18 años.

Elvira se ve en esta situación porque fue desahuciada el 4 de julio de 2012 de la casa donde vivía, también en Las Ochocientas, porque la Junta de Extremadura consideró que la ocupaba ilegalmente. Durante siete meses resistió en un campamento improvisado en una plazoleta de Santa Engracia. Montó una pequeña chabola y los vecinos la ayudaron con algunos enseres y prestándole electricidad.

Después de Navidades se puso en contacto con la plataforma Stop Desahucios que le indicó que intentarían buscar una solución a su situación. Mientras, pusieron un anuncio solicitando una caravana para que esta mujer pasase el resto del invierno bajo un techo. Un vecino de La Nava de Santiago respondió y cedió de forma gratuita su caravana.

«La trajimos aquí y es mucho mejor que estar en la calle. Llevamos tres meses y aquí seguiremos hasta encontrar un alquiler que pueda pagar», explica Elvira.

Esta pacense pide ayuda al Ayuntamiento de Badajoz, donde acude regularmente, ya que asegura que la Junta de Extremadura ya le ha negado auxilio de forma rotunda. Su conflicto con esta institución se debe a que la desahuciaron por irregularidades en la vivienda social en la que residía desde 1989.

«Me metí ahí porque había una mujer, vecina mía de toda la vida, que necesitaba ayuda porque era mayor y viví con ella para ayudarla», explica la afectada. Siete años después la titular de la vivienda se trasladó a una residencia de ancianos y Elvira Ferrera continuó en la casa pero sin tenerla a su nombre. Esta residencia sufrió un incendio, la administración detectó la irregularidad y tras una batalla de varios años, expulsó a esta vecina.

«Ahora me han dicho que durante tres años no me pueden dar una casa porque fui una ocupa», alega y añade que precisamente «lo que no quiero es meterme en una casa de cualquier manera. Quiero pagar un alquiler, pero que entre dentro de mis posibilidades».

Esta vecina de Las Ochocientas hace hincapié en que no se trata de una persona conflictiva y pide que la administración regional vuelva a incluirla en la lista de espera para una vivienda social o que el Consistorio le de una solución. Mientras «seguiremos aquí y con la ayuda de los vecinos».