IU pide al PP que elimine las fianzas por poner carteles y repartir octavillas

La imposición de fianzas de hasta 4.000 euros por poner carteles y repartir octavillas informativas a sindicatos y organizaciones sociales por parte del Gobierno del PP ha llevado a Agustín Real, de IU, a anunciar la presentación de una moción en el Ayuntamiento para que no se vuelva aplicar en contra de partidos, sindicales y colectivos sociales sin ánimo de lucro este apartado de la Ordenanza de Limpieza Viaria que les penaliza con fianzas de miles de euros y la apertura de expedientes sancionadores personales, como ha sucedido con el Campamento de la Dignidad.

Real explicó que la modificación de la ordenanza pedirá que se pongan excepciones. «Nos parece bien que haya una ordenanza de limpieza viaria, pero una cosa es que se tire un papel al suelo y otra que yo lo reparta», dijo sobre el asunto. También pidió excepción para el caso de la cartelería en las farolas para partidos sindicatos y otros colectivos sin ánimo de lucro.

«Es lógico que si lo hay, se aplique una tasa, pero eso no es lo mismo que en el caso de elecciones, manifestaciones y otros actos sin ánimo de lucro», precisó el portavoz de IU.

Al Defensor del Pueblo

La misma cuestión ha llevado a Convergencia de Extremadura a solicitar al Defensor del Pueblo que formule una recomendación al alcalde de Plasencia y al concejal de Interior para que sea modificada o derogada la citada normativa local en ese extremo. Con ello trata de que no puedan ponerse fianzas o sanciones a las organizaciones políticas, sociales y sindicales legalmente constituidas cuando utilicen el reparto de octavillas o coloquen cartelería en la ciudad para hacer llegar al ciudadano una información que por otros canales o medios no llegaría a mucha gente.

En su escrito al Defensor del Pueblo, Javier Caso, de CEX, argumenta que el alcalde y el concejal citado ponen «todo tipo de cortapisas al derecho de información y dificultando el normal desarrollo del derecho constitucional de manifestación, vulnerando con ello la Constitución Española» en la que derechos fundamentales y libertades públicas que gozan de especial protección.

Entiende el denunciante que estos son vulnerados al aplicar la ordenanza municipal de limpieza viaria a organizaciones políticas, sociales y sindicales legalmente constituidas, tal y como se puso de manifiesto con lo sucedido los días 18 de abril, 1º de Mayo, y en las movilizaciones del día 9 de mayo, contra la reforma educativa y los recortes, al prohibirles que se utilizara la habitual megafonía por las calles de la ciudad para informar sobre las jornadas reivindicativas e imponerse una fianza que considera es abusiva, de 2.000 euros por reparto de octavillas a la ciudadanía.

A demás, apunta Caso que el Colectivo Dignidad Plasencia, que lucha por la Renta Básica, ha sufrido también las consecuencias de la aplicación de esta ordenanza por el Gobierno local del PP, caso de las fianzas que se le exigieron por colocar carteles de la convocatoria de manifestación del 18 de abril.

Asimismo, añade que dos miembros del Campamento Dignidad han recibido ya notificaciones de la apertura de expedientes de sanción, de 60 a 120 euros según las notificaciones del Ayuntamiento por repartir publicidad de la manifestación que el campamento organizó y realizó el 18 de abril.

Tanto el movimiento sindical y social de la Plasencia como Caso, creen incomprensible que se prohiba usar megafonía para anunciar movilizaciones, cuando es totalmente legal y habitual, y que se imponga una fianza de 2.000 euros por reparto de octavillas. Las organizaciones convocantes de la huelga en la enseñanza denunciaron ya que el Ayuntamiento puso «todo tipo de cortapisas» para mamifestarse.