Bruselas pone plazo para rematar la reforma laboral y revisar pensiones e impuestos

La Comisión Europea impuso ayer a España un estricto calendario para que culmine las reformas en los pilares de la economía. Exige que en los próximos doce meses se remate la reforma laboral y se revisen tanto las pensiones como el sistema tributario. El listado de deberes, que será supervisado estrechamente, reclama en paralelo la presentación de un plan de ajustes «detallado» para garantizar el cumplimiento del déficit. Pese a esta petición de mayor concreción y la rigurosidad en los plazos, Bruselas utilizó como incentivo las nuevas metas de gasto. Como estaba previsto, se aprobó una prórroga de dos años, pero también una senda más holgada que supera en varias décimas los límites fijados por el Gobierno.

Bruselas puso plazos a las directrices de Mariano Rajoy en un acto en el que intervinieron el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y tres de sus comisarios. El responsable de Economía, Olli Rehn, se encargó de entrar al detalle y fijar el rumbo que deberán seguir los Veintisiete hasta mayo de 2014. En el caso de España, su tarea era intensa: debía decidir sobre dos procedimientos que incluyen multas en última instancia. Rechazó la apertura de un expediente por desequilibrios excesivos, que se habría traducido en una tutela expresa de las medidas del Gobiern, y apostó por una exhaustiva lista de tareas con plazos concretos. De esta manera, se pretenden evitar los retrasos acumulados con las exigencias realizadas en 2012. Los nuevos deberes afectan a casi todos los campos de la economía española. Bruselas, sin embargo, se detiene especialmente en las medidas para combatir el desorbitado nivel de desempleo. Su principal petición es que España concluya en julio la evaluación independiente de la reforma laboral, trabajo encomendado en un principio a la OCDE. Este examen debe determinar si la legislación ha introducido la suficiente flexibilidad en el mercado de trabajo. Es decir, si los despidos se han reducido de forma significativa en favor de ajustes en los salarios.

Bruselas tiene claro que España no puede perder ni un segundo en caso de que la evaluación detecte lagunas en la reforma laboral. Por ello, advierte de que «si es necesario» tienen que aprobarse medidas complementarias antes de finalizar septiembre. El Ejecutivo comunitario insiste en que las políticas activas de empleo deben modificarse con la misma celeridad. En este campo, se apuntan cambios concretos, como la reorganización de los servicios de colocación para que ofrezcan «una asistencia individualizada a los desempleados según sus perfiles y necesidades de formación».

Impuestos a los carburantes

Las exigencias comunitarias prosiguen con la necesidad de llevar a cabo una «revisión sistemática» del modelo tributario antes de marzo de 2014. España es, según Bruselas, uno de los socios con el ratio más bajo por ingresos impositivos. Bajo esta premisa, se sugiere rematar la subida del IVA del año pasado con una mayor «limitación» de los productos con el tipo reducido (10%). Este retoque se reforzaría con «medidas adicionales en los impuestos medioambientales, especialmente los aplicados a los carburantes». Rehn eludió hablar de bajadas de impuestos para impulsar el crecimiento y apostó por «un gasto público más eficiente», cuestión que el Gobierno deberá estudiar en profundidad de cara al año que viene.

Bruselas tampoco da tregua con las pensiones: antes de terminar el ejercicio, la reforma debe estar concluida. El Ejecutivo europeo remarca la importancia de que se ponga en marcha el 'factor de sostenibilidad', que restringirá la actualización de las pagas según el IPC.

Los deberes se completan con otras reformas de calado como la que afecta a las administraciones públicas. Las autoridades comunitarias instan a ejecutar cuanto antes la remodelación de los ayuntamientos y reclaman para octubre «un plan de aumento de la eficiencia» en todas las instituciones.

En paralelo al calendario de reformas, Bruselas también aprobó ayer la nueva senda de reducción del déficit. En este ámbito, la Comisión incluso apostó por ofrecer un mayor margen del previsto. España gozará de dos años adicionales -hasta 2016- para equilibrir las cuentas y el recorrido será menos duro tanto este ejercicio como el próximo. Los techos de gasto se sitúan ahora en el 6,5% (2013) y el 5,8% (2014), dos cifras menos exigentes que las propuestas por el Gobierno.