El PP permitirá legalizar núcleos con siete casas ilegales por hectárea

El PP ofrece a los propietarios de viviendas ilegales de Santa Bárbara, Espartal o de la Vinosilla legalizar sus viviendas siempre que el ámbito de regularización sea mayor de tres hectáreas, la edificabilidad no supere 0,1 m2 por m2 de suelo bruto y no se pase de siete viviendas por cada 10.000 metros. Además, para legalizar las viviendas el PGM exigirá que el 80% de las parcelas debe tener ya alguna edificación existente y que la modificación de suelo no urbanizable común a urbanizable se haga mediante modificación puntual del PGM con ordenación detallada. Son las nuevas condiciones a la baja que el PP introduce en el PGM con el fin de poder legalizar edificación clandestina y controlar en el futuro que no se vuelva a dar la situación actual. «Hay mayor tolerancia y se flexibiliza mucho, siempre dentro de la ley», reconoce el concejal de Urbanismo. La alegación hecha por los propietarios de casas ilegales en Vinosilla le dio la clave al PP, ademas de algunas sugerencias de Pymecon.

Legalizar las viviendas exigirá a los dueños asumir todos los costes de urbanización y ejecución de redes. Además de cumplir los requisitos de la Ley del Suelo de Extremadura sobre regularización de urbanizaciones clandestinas, el PGM señala que, al menos el 60% de los propietarios interesados deben comprometerse, mediante convenio con el Ayuntamiento, a desarrollar la actuación regularizadora y contar con informes favorables de Fomento, Medio Ambiente, Agricultura y del Ayuntamiento.

Este tratamiento lo hace extensible el PGM a todo el suelo no urbanizable común sito entre la carretera de Malpartida y Espartal, hasta la cota 420, incluidas urbanizaciones ilegales como la sita entre el camping La Chopera y complejo deportivo y la N-110, en Vinosilla.

El objetivo del Gobierno Local con estas nuevas condiciones para legalizar edificaciones clandestinas es evitar que continúen y ofrecer una salida que las regularice sin que le sea gravoso. Lo hace tras reconocer que el origen del problema está motivado en un claro incumplimiento de los planes urbanísticos, con una total falta de disciplina y control que han provocado la situación.

Frente a esto, el PGM no solo ofrece alternativas de legalización que rebajan las exigencias iniciales del propio planeamiento sino que habla de «introducir ciertas tolerancias» para dar salida legal a situaciones que ven irreversibles aunque del modo menos costoso para las arcas municipales y con el menor impacto ambiental posible, además de pretender poner fin a agravios comparativos a que dio lugar la inactividad municipal.

A partir de la aprobación del PGM se intentará, además, establecer un régimen normativo «para que el cáncer de la edificación clandestina incontrolada» no siga extendiéndose en el entorno de Plasencia. De ahí, recalca el PGM, la necesidad de que junto a estas iniciativas se aplique una disciplina urbanística rigurosa que ponga fin a la incapacidad del Ayuntamiento para controlar las edificaciones y urbanizaciones ilegales como ha sucedido en los últimos 20 años y acabar con a la impunidad con la que se han podido edificar en la sierra de Santa Bárbara viviendas cada vez más numerosas «más impactantes en su tamaño y audaces en cuanto a su localización, cada vez más elevada en la ladera», dice el PGM.

La situación actual de la sierra o de zonas como Vinosilla pone de manifestó el fracaso de la ordenación del PGOU del 95 y la falta de efectividad de los gobiernos locales. El plan citado propuso un tratamiento en dos niveles, creando una primera bolsa de suelo en la falda de la sierra, calificada como suelo urbanizable no programado, (el llamado PAU-1), que no fue objeto de iniciativa alguna por la sobredimensión y la diferencia de intereses de entre propietarios de suelo libre y de las parcelas sobre los que se actuaba.

El resto de la Sierra fue objeto de un plan especial redactado a iniciativa del Ayuntamiento que no se llegó a aplicar nunca. Éste, reconoce el PGM, catalogaba exhaustivamente las actuaciones irregulares detectadas en la sierra, identificaba los núcleos de población que podrían regularizarse y obtener unas dotaciones mínimas y costear urbanizaciones imprescindibles, pero sin llegar a calificar esos núcleos como suelo urbano, lo que hizo inviable la equidistribución y urbanización buscadas.