El 90 por ciento de las viviendas de la ciudad carecen de etiqueta energética

Quien esté pensando en vender o alquilar su casa, que vaya buscando el número de teléfono de un profesional de la edificación para hacerle el siguiente encargo: «Necesito la etiqueta energética». Para ser rigurosos, se llama certificado de eficiencia energética de edificio existente, documento que desde el pasado 1 de junio se exige para cualquier operación de compraventa o arrendamiento de inmuebles en España.

Sin ese aval, no se podrá hacer ninguna transacción de este tipo de forma legal, y quienes se animen a realizarla al margen de la administración, se expondrán a ser sancionados. Este certificado ya lo tienen todos los inmuebles construidos a partir del 1 de enero del año 2007, que en la ciudad de Cáceres son 5.179, o sea, el diez por ciento de los que hay en la capital, según el Censo de Población y Vivienda publicado por el INE (Instituto Nacional de Estadística) hace unas semanas y que incluye datos que llegan hasta el 31 de diciembre de 2011. Esto significa que hay más de 47.000 viviendas en la ciudad que no tienen etiqueta ecológica, algo que deben tener presente aquellos dueños interesados en sacar esas propiedades al mercado, ya sea para vender o para alquilar.

La norma que recoge todo lo relacionado con este certificado -es el real decreto 235/2013, de 5 de abril- especifica, además, que «la etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento». Es decir, no hay que esperar al momento de cerrar la operación, sino que hay que tenerla desde que el inmueble se publicita para su venta o alquiler.

A grandes rasgos, el objetivo de la etiqueta es analizar y puntuar las características de una vivienda o un edificio desde el punto de vista de la eficiencia energética. Para ello, se establece una escala en la que la letra A representa la mejor calificación posible y la G la peor. El icono que acompaña a este ranking es similar al utilizado para los electrodomésticos, que igualmente cuentan con una clasificación que habla de su eficiencia energética. Que una casa o un bloque tengan una letra u otra depende de sus características energéticas, esto es, de cuestiones como el material que reviste la fachada, el sistema de iluminación, la calidad del aire interior o las instalaciones térmicas que suministran calor a cada hogar.

Labor de los técnicos

Los autorizados para expedir estas etiquetas son aquellos técnicos que estén «en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación, o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas», según la definición literal recogida en el real decreto. En la práctica, serán fundamentalmente arquitectos, arquitectos técnicos y también determinados ingenieros.

De hecho, la entrada en vigor de esta nueva normativa ha generado cierta expectación entre estos colectivos. Así se explica que la formación en materia de eficiencia energética de edificios figure entre las áreas que el Sexpe (Servicio Extremeño Público de Empleo) ha identificado como una de las que presenta mayor demanda formativa. Y que se hayan agotado las plazas para los cursos que el Coade (Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura) impartirá durante junio y julio en Cáceres y Badajoz. Una demanda que está relacionada también con el difícil momento que vive el colectivos de arquitectos, uno de los más castigados por el desempleo debido al brusco descenso de la actividad en el sector de la construcción.

«Este tipo de certificados ya se vienen realizando desde el año 2007, por lo que contamos con cierta experiencia en este campo», apunta Francisco Javier González, decano del Coade. «Expedir la etiqueta no consiste únicamente en ponerle una letra a la eficiencia energética de la vivienda o el edificio -amplía González-, sino que también incluye recomendaciones sobre las mejoras que se pueden realizar en la casa o el bloque para mejorar en ese campo que puede implicar un importante ahorro en las facturas, de ahí la importancia de que el certificado lo elabore un profesional bien formado».

El dinero que el propietario tendrá que pagar a quien realice la etiqueta de su inmueble es una cuestión aún por resolver, aunque el decano del Coade aporta algunas claves. «Dependerá de los honorarios de cada profesional -apunta González-, pero en principio, se habla de entre doscientos y trescientos euros, en función también de la complejidad que conlleve elaborar el certificado, porque no es lo mismo hacerlo para un piso pequeño que para una vivienda grande y de varias alturas». En este sentido, existe la posibilidad de que las comunidades de vecinos encarguen la elaboración de este certificado para todos los pisos del bloque, lo que presumiblemente permitiría a los distintos propietarios ahorrar costes.

El representante de los arquitectos extremeños menciona también otra cuestión a tener en cuenta: la próxima entrada en vigor del Plan de Fomento y Rehabilitación de Vivienda de Extremadura. «Está a punto de salir -avanza Francisco Javier González-, y exigirá mejoras de al menos un treinta por ciento en materia de eficiencia energética». Prueba de la importancia creciente que este concepto irá adquiriendo durante los próximos años es el hecho de que el real decreto recoja la obligatoriedad de que todos los edificios que se construyan a partir del 1 de enero del año 2021 deberán tener la catalogación 'de consumo de energía casi nula'. En el caso de los que sean de titularidad pública, habrá que esperar menos, ya que esa misma calificación será obligatoria para los edificios que se levanten a partir del 1 de enero del año 2019.