El interventor municipal declara por el caso Urban Screens

El interventor del Ayuntamiento de Cáceres, Justo Moreno, prestó declaración ayer ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Cáceres, que es el encargado del caso Urban Screens.

La causa analiza si se produjo algún tipo de irregularidad en el modo en el que el Ayuntamiento pagó la factura de la edición del año 2010 del Festival Internacional de Artes Urbanas Urban Screens, cuya propuesta se basa en llenar de luz las fachadas de varios edificios emblemáticos de la ciudad y acompañar algunos de estos montajes con un fondo musical.

Ayer le tocó sentarse ante la jueza al interventor municipal, igual que antes hicieron otros dos trabajadores municipales, todos ellos en calidad de testigos, no de imputados. Esta última condición sí la tienen la exalcaldesa socialista Carmen Heras y los exconcejales Víctor Santiago Tabares, también del PSOE y encargado del área de Innovación, y Francisco Torres, del partido regionalista Prex-Crex y responsable de Turismo. Las firmas de los tres aparecen en las facturas que son parte fundamental del caso, que llegó a los tribunales después de que el Partido Popular lo pusiera en manos de la Fiscalía.

La declaración del interventor municipal de ayer por la mañana duró unas dos horas, y en esencia, giró en torno a la forma habitual de trabajo en el Consistorio en cuestiones como la gestión de los fondos europeos o el pago de servicios como el que prestó la empresa encargada de organizar el Urban Screens. Tras escuchar su testimonio, la jueza no ha comunicado formalmente a las partes que vaya a haber nuevas declaraciones. La semana pasada debían haber comparecido en la sede judicial de la ronda de San Francisco otros dos técnicos municipales, pero su declaración fue aplazada y de momento no tiene nueva fecha.

El proceso se prevé largo, dada la carga de trabajo que soporta el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro, como le sucede a otros muchos en el país, y por la complejidad del asunto objeto de análisis. La presunta irregularidad se explicaría por el fraccionamiento de pagos, es decir, la división de una factura en varias para así reducir el montante y que este no alcance el mínimo que establece la ley a partir del cual hay que convocar un concurso público para adjudicar ese servicio. En concreto, Tabares y Torres firmaron pagos de 18.000 euros, y Heras hizo lo propio, cuatro días antes de las elecciones, con un factura de 47.782 euros.