Las diputaciones de Badajoz y Barcelona abren un frente contra la reforma local

Los presidentes de las diputaciones provinciales de Badajoz y Barcelona, Valentín Cortés y Salvador Esteve i Figueras, respectivamente, rechazaron ayer el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que el político catalán calificó de «aberración».

Ambos comparecieron en Badajoz para presentar la mesa redonda que sobre la reforma de la administración local se celebra hoy en Llerena, organizada por la Fundación Democracia y Gobierno Local.

Esteve i Figueras explicó que la pretensión de la norma es que el Estado diga que «tal ayuntamiento no cumple con los estándares de un determinado servicio y ordenará su traslado a la diputación, con lo cual se cargan la libre voluntad democrática» de los municipios. En este sentido, indicó que la labor de la mayoría de las diputaciones provinciales se ha basado siempre en ayudar a los ayuntamientos a través de «las peticiones que libremente salen de sus equipos de gobierno».

El Gobierno de la nación argumenta en el anteproyecto de ley que es para que los servicios cuesten menos, pero al final van a salir más caros, a su juicio, porque lo que se pueda hacer desde cerca es mejor no hacerlo desde lejos. Por sus contactos con los presidente de diferentes diputaciones provinciales, ha sacado en conclusión que mayoritariamente ven de forma negativa el anteproyecto de ley, y en este sentido ha apuntado que los alcaldes del PP «tampoco lo ven claro».

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz consideró que la autonomía local está en la decisión de si un ayuntamiento cede o no una competencia, «pero no en que te la quiten».

Cortés se preguntó quién va a fijar los estándares, ya que no vale lo mismo recoger la basura en un bloque donde viven 300 vecinos, que en un municipio de 3.000 habitantes. A su juicio, el anteproyecto de ley tiene visos de inconstitucionalidad, ya que el articulo 140 de la Carta Magna atribuye a los ayuntamientos el gobierno y gestión de los municipios «y gobernar es decidir», aclaró.

Si la deuda es el «cáncer» que ha motivado esta reforma, planteó Cortés, precisamente la administración local no lo sufre, ya que sólo le corresponde el 4,5 por ciento de la deuda del conjunto de las administraciones publicas. Para el presidente de la diputación pacense, es el momento de hacer una reforma de todas las administraciones públicas, pero habrá que definir competencias y hablar de financiación local, en lo que no entra el anteproyecto de ley.