Afectados del Junquillo irán a juicio con apoyo municipal si no les pagan

Quienes compraron un piso del Plan 60.000, al ser agraciados en el sorteo en 2007, y adelantaron 500 euros como reserva están un poco más cerca de recuperar su dinero. Han conseguido que su caso vuelva a cobrar actualidad, pero sobre todo han logrado el apoyo de la administración y hasta de la oposición política.

El grupo socialista trabaja en una moción sobre el asunto para el Pleno del día 20. También se quiere trasladar el debate a la Asamblea de Extremadura, una semana después. Mientras tanto, el Ayuntamiento brindó ayer ayuda a los afectados. La alcaldesa, Elena Nevado, la concejala de Asuntos Sociales, Marisa Caldera, y el director general de Vivienda de la Junta, Manuel Lozano, se entrevistaron con adjudicatarios de la parcela R7B. Allí debía haber 260 viviendas, pero solo se ve un gran solar.

Las familias irán a la vía judicial con apoyo municipal para que les devuelvan su dinero si la empresa no reacciona a la petición que le hace el propio Ayuntamiento. La Consejería de Fomento colaborará con asesoramiento jurídico y el Instituto de Asuntos Sociales habilitará un dispositivo entre el 15 de junio y el 15 de julio para que reciban la información necesaria todos aquellos que quieran reclamar a través del Consistorio. Si Shayver, la empresa que debía haber construido las viviendas en su día, no responde, las primeras acciones judiciales se cursarán a partir de la segunda quincena de julio.

La alcaldesa les ha transmitido un mensaje esperanzador a los afectados. Se va a tomar muy en serio el problema que tienen y si hace falta, revelan algunos, se sentará a la puerta de la promotora madrileña para que pague. «Tenemos todo su apoyo», comentan ilusionados los adjudicatarios. El Ayuntamiento calcula que son 183 los afectados. Cada una de estas familias adelantó 500 euros que tratan recuperar sin éxito. La regidora se pondrá en contacto con Shayver para que «de manera voluntaria y extrajudicial» devuelva ese dinero a los compradores. Uno de ellos es Juan Carlos Alonso, que asegura que llegaron a pedirle 1.500 euros más, que no pagó por recomendación de los técnicos de Fomento. «No pararemos hasta arreglar este asunto. Somos víctimas y solo pedimos lo que nos pertenece», sostiene. Otros compradores, como José Manuel González, ya han acudido a los tribunales.