Un ganadero deberá pagar 30.000 euros de multa por envenenar aves protegidas

El ganadero acusado de envenenar a varias aves protegidas en una finca de Siruela ha sido condenado a 18 meses de prisión y a pagar 30.000 euros de multa más una cantidad que determine la Junta de Extremadura por daños. El juicio previsto ayer en Don Benito no se celebró al alcanzar un acuerdo la defensa y la acusación. La pena incluye también tres años de inhabilitación para ejercer de ganadero, cazar o pescar. No deberá entrar en la cárcel al ser la condena menor de dos años y no tener antecedentes penales.

Desde la asociación ecologista WWF se considera que la sentencia es novedosa precisamente por la imposición al ganadero de reparar los daños causados, algo que tiene que determinar la juez atendiendo a las peticiones de ecologistas y Gobierno extremeño. «Hay que ser especialmente cuidadoso y jamás legitimar el uso del veneno indiscriminado y que afecta a especies en peligro de extinción», señaló Pablo Ayerza, abogado de los ecologistas. Las medias compensatorias podrían ser hacerse cargo de los planes de seguimientos de las especies afectadas, planes de fomento y que la actividad ganadera se someta a unos sistemas de calidad y control que establezca la Junta. Todo para favorecer el restablecimiento del equilibrio.

Tomás Julio Gómez, abogado defensor del ganadero, justificó la acción de su cliente por la falta de responsabilidad de la Administración regional. «Si en Sierra de San Pedro y en Monfragüe existieran muladares las aves no se tendrían que trasladar ni hacer daño a los ganaderos, que no tienen que soportar esos perjuicios», declaró. El abogado cree que el Ejecutivo autonómico tendría que redactar un programa de compensaciones parar los ganaderos que viven estas situaciones.

Para Manuel Laparra, de Apag Asaja Extremadura, el ganadero ha sufrido un «linchamiento por parte de los grupos ecologistas». Ha pedido a las administraciones que pongan los medios necesarios para que los ganaderos no tomen estas medidas.

Hace tres años

Según se recoge en el escrito de acusación de WWF, el inculpado, un ganadero que tenía su rebaño en la dehesa boyal de Siruela, utilizó cebos envenenados con la idea de matar zorros u otras especies que pudieran atacar a su ganado. En la finca se encontraron los cuerpos de tres alimoches, dos buitres negros, cuatro buitres leonados y otras aves rapaces, todas ellas especies protegidas. El envenenamiento fue descubierto el 6 de marzo de 2010, cuando técnicos de WWF localizaron el cadáver de uno de los alimoches, llamado 'Atlas'.

Esta ave era objeto de seguimiento por satélite dentro de un estudio sobre la migración de la especie. El ejemplar fue envenenado en su viaje de regreso a España desde África hacia su zona de cría. Los técnicos acudieron a Siruela alarmados porque el emisor daba señal de inmovilidad. Lo encontraron junto al cadáver de un cordero, que había sido utilizado como cebo envenenado.

Agentes de la Junta de Extremadura y del Seprona se personaron en el lugar de los hechos y encontraron varios animales muertos tras revisar la zona. Algunos escondidos en el tronco de encinas huecas. Al inspeccionar el vehículo del ganadero el Seprona encontró el mismo tóxico que se había utilizado como veneno para los zorros y que fue comido por las aves.