Marcha Naranja en defensa de los servicios sociales públicos

«No es una reivindicación corporativa ni una demanda laboral, es una defensa general de los servicios sociales», aseguraba ayer, en el paseo de Cánovas, Eva María Serrano, presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales que agrupa a un millar de profesionales colegiados en la región. Junto a ellas, las educadoras sociales (350 colegiadas) en Extremadura salieron ayer a la calle, en un número reducido, para expresar su temor por los cambios que prevé introducir la nueva ley que reformará la Administración local».

Serrano subraya que la futura norma, en fase de borrador, deja los servicios sociales en municipios menores de 20.000 habitantes en manos de una administración distinta a los ayuntamientos, sin especificar de momento de quién será la responsabilidad de prestarlos.

«Lo que sucede actualmente es los ayuntamientos se han implicado mucho en la prestación de los servicios sociales, en Extremadura todos los pueblos están atendidos, pero no sabemos qué sucederá en el futuro si no se garantiza».

En este sentido, la presidenta de las Trabajadores Sociales precisa que no serán estos profesionales los que pierdan, sino el conjunto de la sociedad, principalmente colectivos más necesitados como mayores, dependientes o mujeres.