El conflicto de la obra del hospital, camino de decidirse en los tribunales

Rescatar la obra. Esa fue la expresión que utilizó ayer en Cáceres el consejero de Salud, Luis Alfonso Hernández Carrón, al ser preguntado por la situación en que se encuentra el futuro hospital. El Gobierno extremeño descartó en abril un nuevo proyecto modificado cuyo importe se cuantificó en nueve millones de euros. A partir de ahí, arrancó el expediente de resolución del contrato firmado con la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por FCC, Placonsa y Joca. El verbo 'rescatar' al que recurrió ayer Carrón para resumir el actual estado de cosas no ha gustado a las adjudicatarias, que esperan que en «un plazo de tres semanas» esté listo el dictamen de la Junta. Aguardarán a conocer el mismo antes de dar ningún paso en defensa de sus intereses. Y entre otros no se descarta acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativa, lo que aún alargaría más el proceso.

Carrón asegura que ha sido «imposible» llegar a un acuerdo con las constructoras. Esa versión es muy distinta de la que ofrecen las empresas. Ayer insistieron en su disposición a hablar con el consejero y buscar una solución a este asunto. Ya saben que la Junta ha dicho no a la prórroga que habían solicitado. «La Consejería nos comunicó su intención de resolver el contrato y se está en periodo de valoración, pero si la obra se interrumpe a petición de la administración hay que valorarla íntegramente», señalaron ayer fuentes de la UTE. Según esto, si el dictamen de la administración no le resulta favorable o no contempla los pagos estipulados, las propias empresas pueden ir al juez para defender sus derechos. Paradójicamente, la Junta tampoco lo descarta, en este caso, para reclamar daños y perjuicios por el retraso.

«La indemnización que se le pedirá a la UTE es un efecto de la resolución del contrato y por tanto se fija cuando la decisión es definitiva y no antes», matizan desde la Consejería de Salud. El camino marcado, una vez que las constructoras presentaron sus alegaciones a finales de abril, pasa por concluir el expediente. «Esas alegaciones han sido estudiadas y analizadas por esta administración y están a punto de resolverse», confirma el departamento que dirige Hernández Carrón. Su expresión «rescatar la obra de las empresas» se encuadra dentro de estas gestiones que, según la Junta, pasan por rescindir el contrato y poder rematar la obra. Para ello será necesario convocar un nuevo concurso público y adjudicar en el mismo el nueve por ciento de los trabajos de la primera fase que aún quedan pendientes.

La propuesta de resolución estará terminada en unas semanas. Pasará por el Consejo de Gobierno y también por el Consejo Consultivo, ya que «en este tipo d e procedimientos las garantías son máximas», afirma la Consejería de Salud. Su previsión es que eso suceda a lo largo del mes de julio. No obstante, el proceso se prolongará durante bastante más tiempo si, como parece, llega a los juzgados.

«Esta obra ha tenido todos los récord de incumplimientos y retrasos posibles», repitió de nuevo el consejero Hernández Carrón. «Por eso -añadió- nos vemos abocados a acabar de esta forma tan penosa para la administración y para las empresas».

La dirección facultativa sostiene que el modificado que pidió la UTE, por esos 9 millones, no estaba justificado. Los retrasos, incluso la paralización de las actuaciones, son el argumento de la administración para iniciar ese expediente que ahora está a punto de concluir.