El PP estudia si paga las huertas con el plan de proveedores del Gobierno

El Gobierno local espera el informe de los técnicos municipales para decidir si le compensa acogerse a la tercera fase del Plan de Pago a Proveedores, Decreto ley 8/23, publicado por el BOE del pasado 29 de junio, por el que se crea el denominado fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores de ayuntameientos y comunidades.

El informe que emitan será decisivo para conocer si el PP apuesta por esta opción que ya le han planteado como solución a la forma de pago, formalmente propietarios de las huertas expropiadas con resoluciones firmes.

Lo hacen visto que esta tercera fase del plan nacional de pago a proveedores para ayuntamientos y comunidades autónomas con deudas pendientes incluye la posibilidad de solicitar fondos para abonar obligaciones líquidas, vencidas y exigibles con anterioridad al 31 de mayo de 2013, incluidas sentencias firmes.

Titulares de las huertas de la Isla expropiadas han trasladado por escrito al Ayuntamiento que este nuevo decreto del gobierno de Rajoy ofrece a la ciudad una nueva posibilidad de obtener dinero para empezar a pagar la deuda contraída con ellos después de tres décadas de contencioso y litigios favorables en los tribunales.

Desde el Gobierno local se sopesará muy mucho el alcance de la propuesta de los antiguos dueños de las huertas y lo que digan los dictámenes de los técnicos encargados, ya que la percepción de fondos con cargo al nuevo plan de pago a proveedores no es gratuita.

Además de incrementar el nivel de deuda municipal hasta límites que no parece dispuesto a asumir el PP, tendrá que devolver al Estado lo adelantado y si no cumple, le sería descontado de las aportaciones por participación de tributos.

En cualquier caso, el Ministerio de Hacienda exigirá además al Ayuntamiento un plan de ajuste, que debe ser aprobado por el pleno, si la decidiera formalizar la operación de endeudamiento para financiar esas obligaciones de pago de las huertas.

Asimismo, quedaría obligado a cumplir las condiciones de saneamiento que impusiera, a emitir informes mensuales de tesorería, lo que supone prácticamente la intervención municipal ya que Hacienda podrá solicitar y tener acceso a toda la información del Municipio que estime relevante. El incumplimiento de los compromisos del plan de ajuste conllevará la anulación de las medidas de apoyo que se hubieran podido adoptar.

Los antiguos titulares de las huertas expropiadas que han solicitando esta vía de pago al Ayuntamiento se acogen a la inclusión en el nuevo plan de pago a proveedores de las indemnizaciones por expropiaciones, reconocidas por resolución judicial firme, por el concepto ya liquidado judicialmente siempre que la Administración sea la beneficiaria de la expropiación, tal y como señala el decreto ley regulador.

El abono de las cantidades que les haga, en su caso, el Ayuntamiento contribuirá a la extinción de la deuda por el principal, los intereses, costas judiciales y demás gastos accesorios.

Las posibles reticencias del Gobierno local a acogerse al plan de pago a proveedores vienen básicamente porque aumentaría notablemente su endeudamiento, privándole de obtener recursos mediante créditos para poder realizar inversiones en los dos años de legislatura y al Ayuntamiento en el futuro.

Frente a la demanda de los propietarios, el PP sopesa la posibilidad de rechazarla y reiterar su decisión de presentar al juez el pago con aprovechamientos urbanísticos junto a 500.000 euros anuales durante 20 años.

El Ayuntamiento tiene hasta el 19 de julio para decir al Ministerio de Hacienda si incluye las obligación sobre las huertas expropiadas por sentencia judicial firme en este plan de pago. Si no lo hace, los propietarios podrían pedir en septiembre al Ayuntamiento que certifique la deuda pendiente de pago, como siguiente paso a seguir.