Familiares de usuarios de ayuda a domicilio llevan al pleno su protesta por las tasas

Llevaron la voz de sus mayores al pleno, la queja, la protesta por el fuerte incremento que ha experimentado la tasa del servicio de ayuda a domicilio. Todo un tarifazo, denuncian. Juan Baz Acedo habló en la sesión en nombre de su madre, Emilia Acedo, de 90 años, y le hizo ver a la alcaldesa que la subida es no sólo «abusiva» sino también «injusta, inhumana e insolidaria». En su caso, el servicio pasará a costar, a partir del próximo día 1 de agosto, siete veces más: de 30 a 210 euros mensuales. Según expuso en el pleno de ayer, dentro del turno de intervenciones de los ciudadanos, la subida puede multiplicar la tarifa, por tres, cinco y hasta siete veces.

A Juan Baz le acompañaron los hijos o hijas de otras personas mayores o impedidas de la ciudad, que reciben ayuda a domicilio a través del servicio municipal: Jacinta Fernández, Maribel Vaz Romero de Sande, Juana Redondo, Carmen Sevilla y Juana Jiménez, entre otros. La respuesta que recibieron de la alcaldesa Elena Nevado no les satisfizo sino todo lo contrario: «es que no nos ha contestado», afirmó Juan Baz, quien anunció que los afectados promoverán una iniciativa popular en el sentido de recoger firmas para instar al Gobierno municipal a cambiar las tarifas recogidas en la nueva ordenanza fiscal de la ayuda a domicilio, aprobada el pasado mes de enero con los votos del PP y la oposición del PSOE e IU. Fue ratificada en el pleno del pasado junio, pero hasta hace unos días no ha había sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y su entrada en vigor se anuncia para el 1 de agosto. Por ello, Baz propuso a la alcaldesa aplazar la entrada en vigor hasta el 1 de octubre para, mientras, buscar entre el Ayuntamiento y los usuarios afectados un alternativa consensuada, con precios más bajos. Sin embargo, la alcaldesa no se pronunció sobre esta propuesta y, en su lugar, justificó la revisión de las tarifas porque garantizan la financiación de un servicio social que, según resaltó, no es competencia municipal sino autonómica. En todo caso, el Gobierno local ha insistido en que pagarán menos las familias que menos tienen e incluso muchas no pagan nada.

Nevado desgranó la distribución de las tarifas por horas en función de los 11 tramos aplicables en función de los ingresos de los usuarios, de tal manera que de las 628 personas atendidas, 60 no pagan nada y tan sólo 36 pagarán el máximo, 9,30 euros por hora. La alcaldesa también citó varios ejemplos en los que reconoce que se ha disparado la tarifa y se refirió al caso, sin dar nombres, de una persona que tiene tres pensiones por importe de 14.100 euros anuales, a los que suman 323 euros mensuales por rendimientos inmobiliarios. También citó el caso de usuarios que solicitan el servicio con ingresos anuales de 42.000 euros. Estos ejemplos no gustaron a Juan Baz, que abandonó el salón de plenos irritado por la contestación de la alcaldesa junto al resto de familiares de usuarios que comparten estas quejas.

Como ha informado este periódico, las tarifas que se aplican todavía fueron fijadas en una ordenanza de 2002 que no se había modificado desde entonces. Establecía un máximo de 2,7 euros por la hora de servicio, en el caso de los ingresos más altos. Al igual que con la nueva ordenanza, la persona que no llega al 55% del salario mínimo no paga nada. En un tramo intermedio se pasa de pagar 1,39 euros la hora a 3,26. Son 200 personas y junto con las de tramos inferiores constituyen la inmensa mayoría de usuarios, 456 de un total de 628 (ver ficha).