El bloque de Las 300 pide a la Junta que se pronuncie sobre la antena

Sigue el lío en el número 2 de la avenida de Dulcinea. 48 familias divididas en dos frentes. Por un lado, los que están a favor de aceptar la oferta de una conocida operadora de telefonía móvil e instalar una antena en el tejado del edificio. Por otro, los que se oponen. Estos últimos son los más activos y beligerantes, como ya ha podido comprobar este diario en una visita al bloque social de la Junta de Extremadura.

Esther Imoughued tiene una hija de nueve años con espina bífida. La niña, siempre sonriente, es ajena a la polémica en la que andan enfrascados sus vecinos. Su madre se opone a una instalación que, opina, implica riesgos para la salud de los inquilinos, incluida su hija.

Ángel Pérez también está en contra. Pide la mediación de la Junta y suma firmas para detener una propuesta que ya es firme y que incluso fue votada en una junta de propietarios el pasado día 8 de agosto. El resultado, favorable a la colocación de la antena, no es aceptado por quienes viven de alquiler. Tampoco por algunos propietarios que se muestran críticos.

Ahora, todo pasa por lo que decida el Gobierno de Extremadura. La Consejería de Fomento y Vivienda «está al tanto» de este asunto, según ha confirmado a este diario. Sus técnicos recopilan información antes de dar una versión oficial al respecto.

No obstante, son los propios afectados los que piden esa mediación. Posiblemente, es en eso en lo único que coinciden los dos frentes opuestos del edificio, tanto los que quieren la antena (y con ella la compensación económica que pagaría la empresa) como los que se niegan a verla sobre sus cabezas.

«Queremos saber qué opina la Junta. Estamos a la espera. Ojalá nos digan algo pronto», apunta el presidente de la comunidad, José María Montealegre. Su opinión favorable a que se ponga la antena para resolver los problemas económicos del bloque no tiene adeptos entre todos sus vecinos.

Carlos Jordán, administrador del edificio, explica que él se limitó a poner en conocimiento de la comunidad de propietarios la oferta que le hizo llegar la operadora. La decisión se tomó, luego, en una junta que «cumplía con los requisitos que marca la Ley de Propiedad Horizontal», recalca. Pese a ello, y puesto que la Junta de Extremadura no asistió a la misma como propietaria de muchas de las viviendas (22 de las 48), ahora lo que se hace es remitirle un escrito «para que manifieste su postura al respecto».

Jordán recuerda que legalmente hay un plazo de 30 días para que se ratifique o no el acuerdo, de tal forma que espera que en las próximas semanas la Consejería de Fomento diga algo al respecto.

Pese a ello, cree que la relevancia que ha tomado el caso tras su publicación el pasado día 11 en este diario casi hace imposible que se vaya a ejecutar la operación. «Oficialmente no sabemos nada, pero mi impresión es que la Junta no va a dar el visto bueno con la oposición que han expresado algunos vecinos y el cariz que ha alcanzado», vaticina.

No necesariamente debe ser así. La Dirección General de Arquitectura ya cuenta con el acta de la reunión del día 8 y ha solicitado «información complementaria». Si la misma fuera correcta, ha asegurado a este diario, «no habría inconveniente en manifestar la aprobación a la instalación».

El referente que menciona la propia Consejería es el de otro bloque de promoción pública de la avenida de la Bondad. Allí el contrato suscrito con otra compañía para el montaje de una infraestructura de telefonía similar «ha tenido -confirman desde el departamento que dirige Víctor del Moral- una repercusión favorable en el funcionamiento posterior de la comunidad de vecinos».

La decisión definitiva se tomará en las próximas semanas. Los afectados permanecen expectantes.