El SUP denuncia que las comisarías de Cáceres y Plasencia están sin servicio de mantenimiento

Las comisarías de Policía de la provincia de Cáceres se encuentran sin servicio de mantenimiento desde el pasado día 1 de julio, fecha en que el Ministerio de Interior rescindió el contrato de la empresa Arción Construcciones. Es la denuncia que ayer formuló el Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Cáceres.

En un comunicado, esta organización recuerda que esta empresa se encargaba del mantenimiento de las comisarías de la provincia desde su adjudicación en noviembre de 2011 y que en próximas fechas se convocará nuevo concurso, «lo que alargará esta situación hasta primeros del año que viene».

El SUP explica que el empleado de la concesionaria llevaba varios meses sin cobrar su nómina y desde un principio tuvo numerosos problemas para el suministro de material, por lo que se rescindió el contrato. Por ello, actualmente cualquier avería o incidencia debe ser resuelta «por el propio personal de la Dirección General d Policía, a no ser que dichas incidencias no puedan ser solventadas debido a su envergadura o complejidad, de lo que se encargarán empresas externas tras la correspondiente autorización de la reparación y pago». En este sentido, señala que hasta que se autoriza y se personan estas empresas «pasan unos días en los que, tanto los agentes como los ciudadanos sufren las consecuencias de esta anómala situación».

Como ejemplo de incidencias, el SUP informa de que el edificio de Plasencia ha estado sin climatización desde el pasado fin de semana hasta el miércoles, día en el que se personó una empresa a solucionar el problema. Hasta entonces, los agentes y ciudadanos han soportado temperaturas de 45 grados, según el sindicato, que repara en que el edificio placentino es «un horno de cristal».

Sobre la comisaría de Cáceres, el SUP afirma que la zona ajardinada de su entrada está ya deteriorada y que se ha producido una avería en la puerta de acceso de vehículos, sin reparar desde hace más de dos meses.

Desde el SUP se responsabiliza al Ministerio de Interior de esta situación debido a la adjudicación de este contrato, ya que considera que la empresa consiguió el servicio con un presupuesto a la baja.