El Supremo libra de culpa a la madama de una casa de citas de la calle San Pedro de Alcántara

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo señala que la joven colombiana O. N. C. G., que regentaba una casa de citas en Cáceres, no ha cometido un delito de inmigración clandestina. Es el segundo juicio que gana, ya que hace un año la Audiencia de Cáceres le absolvió de cuatro delitos por el que el ministerio fiscal le pedía 27 años de prisión.

Esta mujer, en el año 2010, era la madama de una casa de citas que estaba ubicada en una céntrica calle de Cáceres, en el número 7 de la calle San Pedro de Alcántara. Ella y otras dos trabajadoras del prostíbulo fueron acusadas de traer a brasileñas engañadas a España, obligándoles a ejercer la prostitución. Tres brasileñas que se prostituyeron en Cáceres les acusaron.

El juicio se celebró en junio del año pasado y de las tres mujeres que les acusaban sólo declaró una por videoconferencia; de las otras dos, una estaba en paradero desconocido y la tercera se encontraba en Brasil. La Audiencia absolvió a las tres mujeres, indicando que las tres brasileñas sabían cuando venían a España que se iban a dedicar a la prostitución, y que tenían plena libertad en la casa en la que vivían en Cáceres. No se les quitó los pasaportes ni los teléfonos móviles. También se destacó en la sentencia absolutoria, que dos de las que las acusaban estaban ilegalmente en España y al concederles el estatus de testigos protegidos, se legalizaba su situación.

La fiscalía acudió al Tribunal Supremo, al considerar que con los hechos probados que figuraban en la sentencia de la Audiencia de Cáceres, se podía condenar a la madama por potenciar la inmigración clandestina, ya que ella contactaba con las futuras prostitutas en Brasil por internet, les enviaba los billetes de avión y les daba 500 euros que tenían que tener para figurar como turistas al entrar en España; para después trabajar en la casa de citas entregándole el 50% del dinero que cobraban a los clientes, aunque al principio no les daba dinero hasta pagar la deuda.

El Tribunal Supremo no aprecia tal delito y queda libre de culpa.