La subida de la ayuda a domicilio se mantiene pese a las protestas

En el pleno de ayer hubo abucheos y aplausos por parte de un público entregado a su protesta y reivindicación: 'no a la subida abusiva de la tasa municipal de la ayuda a domicilio', como rezaban en los carteles que exhibieron más de una decena de personas. Los gritos de descalificación iban dirigidos a los concejales del Gobierno municipal y los reconocimientos a los ediles de la oposición, que apoyan su petición de paralización de las tarifas de este servicio. La crispación y griterío obligó a la alcaldesa, Elena Nevado, a amenazar con el desalojo si continuaban las manifestaciones de aprobación o reprobación. En todo caso, la protesta de familiares de usuarios de ayuda a domicilio no logró paralizar la aplicación de la nueva tasa del servicio, que experimenta un fuerte incremento, del 300%, 500% y hasta el 800%, según denunció el colectivo ciudadano en el pleno.

La sesión plenaria rechazó, con los votos mayoritarios del PP, una moción conjunta de los grupos de la oposición (PSOE, IU y la concejala no adscrita, Marcelina Elviro), moción que fue defendida por Juan Baz, el representantes del colectivo de familiares de usuarios que lleva varias semanas movilizado, con recogida de firmas en la calle, para intentar paralizar esta subida de tasas. En su lugar, piden que se cree una mesa de negociación para consensuar una nueva ordenanza que no recoja un incremento tan fuerte. En algunos casos, con la nueva tasa, en vigor desde el 1 de agosto, un usuario puede pasar de pagar 32 euros mensuales a algo más de 200 euros, al subir la hora de servicio de 0,83 euros a 7,40 euros, de acuerdo con el nivel de ingresos relacionado con el salario mínimo. Es el caso de la madre de Maribel Vaz-Romero, una de las integrantes de la plataforma ciudadana creada y que ha conseguido más de 5.000 firmas, según expuso Juan Baz en su intervención, en la que calificó los nuevos precios de «abusivos, escandalosos y fuera de lugar».

La moción de la oposición iba en el mismo sentido, es decir pedir la paralización de la subida, que fue ratificada en un pleno del pasado mes de julio. Nada más plantearse el debate, surgieron los primeros roces y protestas por creer la oposición que la alcaldesa no permitiría dar la voz al colectivo ciudadano. Se escucharon gritos de «fuera, fuera», «democracia» o «esto es un abuso». Sin embargo, al pleno de ayer asistieron otros ciudadanos que mostraban su apoyo al Gobierno. Era un grupo menos numeroso, que también lanzó sus gritos de desaprobación cuando los que hablaban eran los concejales de la oposición. El desconcierto y desorden llegó a un punto en que la alcaldesa advirtió de la posibilidad de ordenar el desalojo, aunque finalmente la tensión no llegó a más.

En el terreno del debate político, el portavoz del PP, Valentín Pacheco, recordó que las tasas no se modifican desde el año 2001 y que ha sido necesaria la subida para equilibrar gastos e ingresos y garantizar la permanencia del servicio, tras el recorte de fondos de la Junta de Extremadura (300.000 euros). En su opinión, las nuevas tasas, suponen aplicar «la justicia tributaria para que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen». Pacheco resaltó que, a pesar de la subida, el 76 por ciento de los algo más de 600 usuarios pagan entre cero y 3,2 euros la hora. También desmintió que con la subida se hayan dado de baja cien personas, como señaló la concejala socialista Ana Garrido, quien relacionó la subida con los recortes del Gobierno del PP, a cuyos dirigentes acusó de comportarse como «gerentes» en vez de ser gestores políticos. Por su parte, Manuel Cruz, de IU, pidió la gestión directa del servicio y no a través de una empresa concesionaria. En este sentido cabe señalar que parte del servicio ya lo presta el Ayuntamiento de forma directa. La otra mitad de los usuarios recibe atención a través de una empresa, con un coste de 1,2 millones de euros al año.

En un informe del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) se indica que se han producido 40 bajas desde la aprobación de las nuevas tarifas y algunas por motivos como fallecimientos o ingresos de usuarios en residencias y otras causas. Además, en el informe del IMAS revela que sólo el 11% de los usuarios paga entre 7,4 y 9.30 euros la hora y todos con rentas superiores a los 14.000 euros anuales. Diez de ellos ingresan más de 20.000 euros y seis más de 30.000 euros.

En todo caso, Juan Baz considera que las nuevas tarifas afectan «a un colectivo débil, sin voz y con muchas necesidades al final de sus vidas». Tras el rechazo de la moción, se mostró «decepcionado», y se remite a lo que el colectivo decida sobre la continuación de las movilizaciones.