Las huertas de la Isla provocan una avalancha de alegaciones al PGM

El desacuerdo de vecinos, colectivos y entidades a la solución que el PP propone al pago de las huertas la Isla ha quedado patente al cierre del último periodo de exposición pública del PGM con las 443 alegaciones presentadas sobre la cuestión. El dato lo dio ayer el concejal de Urbanismo a los grupos políticos municipales en la comisión. No son, sin embargo, todas las que la ciudad ha formulado al PGM antes de su definitiva aprobación municipal. En total, las alegaciones registradas suman 519, número que incluye otros temas relevantes como la ordenación de la avenida de Martín Palomino, la ubicación de la futura estación del AVE o alineaciones en la ronda sur y carretera de Trujillo, entre otros.

En el primer periodo de alegaciones al PGM que abrió el PP el año pasado se presentaron en total 141, una cifra significativamente inferior a la de ahora. A raíz de ellas, el PP se decidió a 'retocar' aspectos relevantes del planeamiento como el sistema viario y recalificaciones de suelo en Santa Bárbara, abrir la puerta a la legalización de las viviendas de la Sierra, Espartal o Vinosilla o reordenar sectores como el que hay entre Ciudad Jardín y las Josefinas

Técnicos y edil de Urbanismo estudiarán ahora las alegaciones y resolverán sobre las peticiones que la ciudad sobre la 'solución ya aprobada por el Ayuntamiento en pleno, sólo con los votos del PP, de edificar con bloques de viviendas las huertas de la Isla, el parking de la estación de autobuses, el solar y pistas del colegio 'Inés de Suárez' o el del edificio de viviendas militares, entre los pabellones y la Universidad. Un asunto sobre el que indico el concejal de Urbanismo no ha vuelto a tratar con los propietarios que rechazan esa 'solución'.

Este también informó de la solicitud que aprobará el pleno para que la Junta le transfiera la titularidad del vial entre el Puente Nuevo y el de Adolfo Suárez. Una propuesta que conlleva el compromiso de un posterior arreglo del firme por la Junta, cifrado en 67.000 euros, desveló la edil Victoria Domínguez. Ésta argumenta que si la ciudad asume este vial, debe ser arreglado antes, ya que la Junta «lo lógico, es que no invierta en algo que ya no es suyo».