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SERGIO LORENZO
Lunes, 21 de octubre 2013, 02:22
La Memoria de la Fiscalía General del Estado recoge una mención clara a Cáceres. En concreto, recalca que Cáceres y Guadalajara «denuncian la inexistencia o inadecuación de centros para menores con trastornos de conducta o psiquiátricos».
Al analizar esa denuncia, lo que se comprueba es que la Fiscalía de Cáceres indica que es necesario de la administración ponga en funcionamiento un centro que ya se prometió en el año 2008, un centro terapéutico residencial para niños y adolescentes, que dependería tanto del Servicio Extremeño de Salud (subdirección de Salud Mental), como del Servicio de Protección de Menores integrado en la Dirección General de la Infancia y Familia.
Insiste la Fiscalía en que ante la falta de este centro, ha habido que enviar a menores a instituciones existentes en otras comunidades autónomas.
¿A qué obedece esta petición?. Las estadísticas que recoge la Memoria ayudan a comprender el contexto en el que se produce. El año pasado se registraron hasta 174 sentencias en Cáceres que condenaron a menores. Los casos en los que se solicitaron y adoptaron medidas cautelares estuvieron relacionados con delitos de violencia doméstica principalmente, y con delitos de robos con violencia o intimidación.
El número de medidas cautelares adoptadas en 2012 fueron 17, de las que 10 eran de internamiento semiabierto, una de internamiento terapéutico, dos de convivencia en grupo educativo, cuatro de prohibición de aproximación y comunicación con la presunta víctima, y una de libertad vigilada.
Recuerda la Fiscalía que en Extremadura sólo existe un Centro de Reforma, el Marcelo Nessi de Badajoz, que tiene una unidad terapéutica dentro del propio edificio.
Para la medida de convivencia en grupo educativo, hay pisos en Cáceres y Badajoz gestionados por asociaciones que han firmado convenios con el gobierno regional, siendo habitual que los menores de Cáceres cumplan la medida cautelar en pisos de Badajoz y a la inversa, para así garantizar el distanciamiento de su círculo familiar o social, que favorezca su reeducación y reinserción social.
En la Memoria se destaca que se ha apreciado un considerable aumento de infracciones penales cometidas en internet, que causan graves sufrimientos en los menores, víctimas de injurias, amenazas y coacciones, «dada la difusión y permanencia de que dotan a los comentarios que se realizan en internet y redes sociales». Por ese motivo señalan que están trabajando en la elaboración de un protocolo que evite estos tipos de delitos.
También señala la permisibilidad de padres con menores que conducen vehículos sin carné.
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