El Ayuntamiento denunciará por la vía penal los ataques al patrimonio

«No queremos que el patrimonio que se está recuperando en la ciudad se convierta en un parque temático: la idea es que los ciudadanos le puedan dar vida. Por eso no se cierra la Alcazaba por la noche (que es la segunda más importante de Europa), ni se contempla hacerlo, como sí ocurre en otras ciudades, porque sabemos que hay muchos vecinos que disfrutan de ella. Pero tenemos un problema: últimamente ese patrimonio que se va recuperando poco a poco está siendo objeto de diversos actos vandálicos que causan mucho daño. De manera que el Ayuntamiento ha decidido que este tipo de ataques se denunciarán, por sistema, por la vía penal», manifestó ayer la portavoz municipal, María José Solana.

Sus declaraciones se produjeron tras la celebración de la Junta de Gobierno Local que tiene lugar cada viernes en el Consistorio. En la misma se decidió sacar adelante este acuerdo con la intención de frenar a aquellos que atentan contra el patrimonio de la ciudad. «La ley nos permite acudir a la vía penal para denunciar estos actos vandálicos», subrayó Solana.

El artículo 323 del Código Penal reza: «Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos. Los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado».

Este medida irá acompañada de un aumento de la vigilancia policial en las zonas más afectadas por los vándalos, como son -según indicó Solana- la muralla del entorno de la residencia Juan XXIII (en Ronda del Pilar) y las partes rehabilitadas del interior de la Alcazaba. «Hay sitios, como es el caso del recinto árabe, que por sus circunstancias particulares (lejanía, oscuridad...) los actos vandálicos son más frecuentes», manifestó la portavoz municipal.

Antes, por vía administrativa

Hasta ahora, el Ayuntamiento acudía a la vía administrativa para denunciar a los vándalos, lo cual tiene como consecuencia sanciones económicas pero no la amenaza de la cárcel. «Ahora se va a dar un paso más y el caso no va a quedar en el ámbito administrativo, sino que se acudirá a los juzgados para que se castigue, si el juez lo considera oportuno, por la vía legal».

«La situación está siendo muy grave», insistió Solana. «Se están produciendo destrozos importantes y de diferente tipo, desde grafitis con pintura abrasiva hasta laceraciones y perforaciones en la muralla y en zonas protegidas y recién rehabilitadas que hacen difícil y muy costosa la recuperación», añadió. Aunque no supo especificar qué cuantía económica suponen estos daños para las arcas municipales.