La esclavitud vuelve al campo

Cuando el periodista cuenta, en la barra de un bar de 'Menú a seis euros' de El Arahal (Sevilla), que los dieciséis trabajadores vivían en una nave para la cría de pollos, sin baños ni agua corriente, los dos jornaleros desvían un instante la mirada de la tele, desatienden por un rato los lamentos de Iker Casillas y preguntan a la vez: «¿Pero eran moritos?».

Los chavales empezarán pronto la campaña de los cítricos en la Vega del Guadalquivir y es evidente que el asunto les interesa, así que el periodista les explica que eran inmigrantes extranjeros, como los cien temporeros búlgaros a los que el dueño de una finca de Cartaya (Huelva) dejó tirados, sin paga y sin techo, después de que le recogieran la fresa. Los chicos se encogen de hombros con un gesto de resignación («Qué le vamos a hacer», «Dónde vamos a llegar».) y se acaban la cerveza antes de regresar al debate sobre el valor de la continuidad y el miedo a los balones por alto.

Así que el periodista busca unos papeles en su carpeta azul y se los coloca delante. Es un teletipo de la agencia 'Efe', con data de Valencia, en el que se refiere que jornaleros españoles cobran 15 euros por ocho horas de trabajo. La palabra 'españoles' está subrayada en rojo y los dos jóvenes la miran como si fuera un disparate, una errata o un montaje. «¿Eso es legal?», preguntan de inmediato. La noticia vuela. El papel circula de mano en mano. El camarero coge el mando y deja mudo al presentador del informativo.

El Sindicato de Obreros del Campo (SOC-SAT) habla a las claras de un regreso progresivo a las formas y modos de la postguerra, Cáritas alerta en su informe de 2013 de un «grave deterioro de las condiciones laborales» en el sector agrícola, UGT ha llevado el asunto a la Fiscalía y hasta la Oficina Estadística de la Unión Europea cree que España es «el segundo país» de la Eurozona «con más víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral». Como explica el sociólogo sevillano Luis de Molina, «no se trata ni mucho menos de una realidad invisible, simplemente hay una parte de la sociedad que no quiere verla».

Esa realidad tiene dos caras. En el fondo son la misma («personas que explotan a personas», dice Luis de Molina), pero la actitud de los jóvenes de El Arahal, al igual que la de la inmensa mayoría de los ciudadanos, demuestra que el problema se aborda desde perspectivas distintas cuando se habla de trabajadores extranjeros y de trabajadores españoles. «No, no es una cuestión de racismo como tal. Lo que ocurre es que, por desgracia, hemos interiorizado que la explotación de inmigrantes forma parte de lo peor de nuestro paisaje social, pero no acabamos de aceptar que los españoles van por el mismo camino».

Sin descanso

A finales de septiembre, cerca de Morón de la Frontera, en Sevilla, Juan de Dios y su mujer aparcaron el coche en la cuneta de un camino de albero que subía hasta el olivar. Era el primer día de campaña del verdeo y otros seis o siete grupos de jornaleros subían por el carril y entraban en la finca. Cuando cruzaron la cancela mohosa del cortijo, uno de los capataces les anunció: «Serán tres euros y medio por canasta». Algunos de los hombres hicieron un amago de protesta, pero otro de los capataces lo frenó en seco: «Es esto o nada. A quien no le guste, que se vaya».

El 'esto' se resume en lo siguiente: tres euros y medio la canasta, en una jornada de diez horas, implica un tope de 25 canastas por pareja. Es decir: a 37 euros el jornal o día de trabajo como máximo, la mitad de lo que se pagaba hace cinco años y casi lo mismo que hace quince. No hay fines de semana ni días de descanso, salvo que llueva. «Y si aparece alguien de la Inspección de Trabajo o del Sindicato, mañana no vengáis», les dijeron, según Juan de Dios, para advertir «a los más revoltosos».

Pedro Barrera, del SOC-SAT, confirma que hay casos peores: hasta 20 euros por día de trabajo, pero con el capataz contabilizando la capacidad de producción de cada trabajador y presionando a los más lentos en un juego perverso y psicológicamente demoledor. «El que se queda atrás, lo mismo no vuelve».

Manuel y Rosalía hablan de la imposición del destajo, lo que supone «un incumplimiento flagrante de todos los convenios», según los sindicatos. El destajo implica no pagar un fijo diario, sino una cantidad por kilos. «Es legal -explica Barrera-, siempre que sea de acuerdo mutuo entre las partes, porque si hay pocas aceitunas, por ejemplo, al trabajador jamás le resultará rentable».

A esta pareja de jornaleros de la Sierra de Cádiz les impusieron una condición extra: Si recogían menos de quince cajas diarias, el empresario, dueño de una finca en Ronda, no les firmaba «la peonada», el documento necesario para que puedan cobrar posteriormente el subsidio del PER, el equivalente al desempleo agrario.

Trata de personas

El panorama en la campaña de los cítricos que ahora arranca se presenta muy oscuro. José María Castellano, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Huelva, confirma que la precarización de las condiciones de los temporeros es evidente y avisa de que van a peor: «Se trabajarán más horas, a destajo y con menos jornal por kilos». El motivo es que los empresarios son conscientes de que existe un superávit de mano de obra, propiciado por lo que los sociólogos llaman «el retorno de los autóctonos»: exalbañiles o peones que han regresado al campo ante la falta de expectativas del andamio y se encuentran con que «la situación es mucho más precaria que cuando eran sus padres los que recogían las aceitunas». Para Pedro Barrera es preciso hablar, sin complejos, de nuevas formas de esclavitud.

El diagnóstico no se basa solo en testimonios personales. Cáritas acaba de publicar su 'Informe Anual sobre la situación de los trabajadores agrícolas'. Sus cálculos de promedio dan la razón a Juan de Dios, a Manuel y a Rosalía: Por diez horas puede llegar a cobrarse 33 euros. El 80% de los encuestados ha percibido que las condiciones laborales en el campo «se han deteriorado gravemente».

UGT ha optado por llevar la situación a los tribunales. La Federación de Industria y Trabajadores Agrarios ha informado a la Inspección de Trabajo y a la Guardia Civil de las «tropelías» que se están cometiendo contra los peones agrícolas. Emilio Terrón, responsable del sector en la FITAG-UGT, interpuso una denuncia ante la Fiscalía. En ella se recoge explícitamente que algunos propietarios recurren «al engaño o la coacción para que los empleados no reclamen lo que la legislación laboral les reconoce, castigándolos con despidos».

El uso del concepto de 'esclavitud', referido a la situación de muchos inmigrantes que trabajan en el campo, no tiene nada de metafórico. Caritas habla de un fenómeno «especialmente peligroso» que comienza a surgir con fuerza: los intermediarios laborales clandestinos. «La irregularidad se une con el tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, un delito muy complejo de identificar».

Según los agentes diocesanos, «los inmigrantes temporeros, con su documentación retenida, deben pagar el 50% de su salario a los intermediarios» para poder recuperar los papeles.

La Oficina Estadística de la UE hizo públicos en abril los últimos datos al respecto. Sus conclusiones son demoledoras: «España es el segundo país de la Unión Europea con más víctimas identificadas de trata de seres humanos: 2.048 personas». Cáritas va más allá. Cree que la cifra aportada por Eurostat «es solo la punta del iceberg agrario». El problema, dice Pedro Barrera, es que bajo la superficie no solo hay mucha gente explotada. «También hay mucho miedo».

Es lo que estipula el convenio del campo que debe pagarse, como mínimo diario, en la campaña del verdeo de la aceituna. En el caso de los cítricos, el convenio fija 47,83 por 8 horas. En ambos casos se han detectado 'jornales' de 20 euros por 10 horas. Sin días de descanso.

El 19% de los trabajadores agrícolas temporeros que participaron en las principales campañas de 2012 son españoles, el 42% procede de África y el resto de Europa del Este y Latinoamérica. El crack de la construcción ha hecho que el porcentaje de españoles se duplique desde 2010.

2.048 personas han sido identificadas por la Oficina Estadística de la UE como víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación laboral en España, aunque el mismo informe reconoce la dificultad de determinar la comisión de un delito por el miedo a confesar de los afectados.