Los vecinos del Gurugú quieren que se traslade el punto de acopio

El pasado 29 de octubre, Julio Rodríguez, uno de los portavoces más activos de la asociación de vecinos del Gurugú se entrevistó con el alcalde Francisco Fragoso en el Ayuntamiento.

El representante vecinal le explicó en primera persona el temor de su agrupación a que desde el Ayuntamiento se de por zanjado un problema que mantienen desde hace dos décadas.

Las reiterada quejas por el vertedero incontrolado de las Cuestas se atenuaron con el famoso punto de acopio provisional que el Ayuntamiento cedió a la asociación de transportistas para que pudieran verter.

En el Gurugú recuerdan que esta medida es sólo un parche temporal y parcial.

Temporal porque entienden que fue una solución provisional y no quieren que se prolongue en el tiempo en vista de que la planta de reciclaje no tiene fecha, y espacial porque la zona acotada se limita a siete hectáreas cuando la finca municipal tiene más de cien, 111 en concreto, según precisa Julio Rodríguez.

Tanto Ricardo Cabezas, presidente de la asociación, como Julio Rodríguez, han criticado en los últimos meses que se venda como final feliz algo que, según explican, poco ha cambiado. Y como ejemplo ponen los continuos incendios de este verano en el entorno de las piscinas de agua potable de Aqualia en Santa Engracia. Los problemas se trasladaron a la otra cara de la finca.

La asociación de vecinos lleva más de veinte años soportando el mal uso de las antiguas canteras de piedra caliza en la carretera de Campomayor y sus portavoces actuales creen que la mejor manera de dar carpetazo al asunto pasa por clausurarlas definitivamente.

Aclaran que no tienen nada contra los empresarios que gestionan el punto de acopio porque simplemente quieren que el Ayuntamiento les habilite otro espacio para seguir ejerciendo esta actividad. «A falta de una planta de reciclaje, se tiene que verter en algún sitio, pero que lo hagan respetando los cinco kilómetros de distancia con el casco urbano que suele darse en otras ciudades para instalaciones de este tipo», aclara Julio Rodríguez.

En el caso de Badajoz, los camiones vierten a menos de dos kilómetros de algunas casas y en el Gurugú se preguntan cómo a la hora de conceder este permiso a los camioneros no se ha tenido en cuenta la cercanía con las viviendas de los Colorines y la Luneta.

La finca municipal que tanto quebraderos de cabeza ha dado a los que residen en la Margen Derecha se extiende desde la carretera de Campomayor hasta la zona de Santa Engracia, donde se sitúa la planta de agua potable que gestiona Aqualia y en un futuro se ha proyectado como área de expansión del polígono industrial El Nevero.

Los planes urbanísticos contemplan que cuando el suelo industrial falte a un lado de la carretera de Campomayor los interesados salten al otro.

Pero mientras eso llega, la asociación de vecinos cree que la mejor opción, de momento, pasa por controlar y vigilar los continuos vertidos que se arrojan y situar el punto de acogió en otra finca más alejada.

Entre las propuestas que le presentaron al alcalde el pasado 29 de octubre sugieren que se trace una pista transitable para turismos en la finca para que la Policía Local pueda vigilar a los que se adentran desde la carretera de Campomayor o el camino de la depuradora con la intención de arrojar basura. Plantean también que se cave una zanja por algunas zonas y que se desbroce y limpie antes de verano.

Dice Julio Rodríguez que llevan mucho tiempo luchando por quitarse de encima un problema «serio» y han recurrido a todas las vías posibles.

En la Junta, por ejemplo, tienen dos expedientes presentados ante Sanidad por condiciones insalubres y recurrieron a los agentes del Seprona de la Guardia Civil por si la pasividad incumplía la legislación ambiental. Para el futuro no descartan movilizaciones y otras campañas de denuncia sobre los ripios que se siguen amontonando.

Criticas a la cesión

Además de los vecinos, en partido Socialista también criticó en su día el punto de acopio que se autorizó en las Cuestas. Según la oposición, presenta irregularidades porque el Ayuntamiento cedió con «ambigüedad» su gestión entre la Asociación de Transportistas de Contenedores de Obra de Extremadura (Atranscoex) y la empresa privada Transcoex.